11 ago 2020 , 08:04

¿Quién es Sheinman Oren y por qué lo vinculan con Bucaram?

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El pasado sábado Sheinman Oren resultó herido en un ataque en una cárcel de Guayaquil.

La madrugada del sábado 8 de agosto las autoridades confirmaron la muerte del ciudadano israelí Shy Dahan, cuyo cuerpo fue hallado en una de las celdas del Centro de Rehabilitación Social de Varones Guayaquil, más conocida como Penitenciaría del Litoral, en la vía a Daule.

Además de Dahan, Sheinman Oren, un ciudadano australiano que también estaba detenido en ese recinto penitenciario, resultó herido. 

Dahan y Oren fueron aprehendidos a inicios de junio en la provincia de Santa Elena con 100.000 dólares. Ambos señalaron haber vendido insumos médicos a Jacobo Bucaram Pulley, hijo del expresidente Abdalá Bucaram.

Jacobo, así como sus hermanos Michel y Abdalá (Dalo), son investigados por el presunto delito de asociación ilícita en la venta de medicamentos en hospitales de Guayaquil.

Oren actualmente está internado en un hospital de Guayaquil y permanece custodiado por Grupos Especiales de la Policía Nacional. El australiano, pieza clave en este caso, fue incluido en el programa de protección a víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado.

Oren permanecerá al menos esta semana internado, mientras las autoridades definen dónde será trasladado.

 

Gabriel Vanegas, abogado del extranjero, considera que la Fiscalia debe verificar la versión de Oren de inmediato ya que las amenazas de muerte fueron constantes.

 

"En el momento en el que el señor pise cualquier centro carcelario del país, su cabeza tiene un precio. Mi defendido y el ciudadno fallecido ya tenían amenazas de muerte", aseguró el jurista.



Sobre las denuncias de la supuesta participación de guías penitenciarios y personal administrativo en el ataque contra Dahan y Oren, el Servicio Integral de Personas Privadas de Libertad (SNAI), informó que brindan las facilidades a la Fiscalía para que se esclarezca este tema.


Al momento, las autoridades continúan investigando a Oren por los delitos de uso doloso de documentos falsos y de enriquecimiento privado no justificado, este último relacionado con la venta de insumos médicos y pruebas de COVID-19.

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