Ecuador necesita cerca de 1 400 jueces y fiscales para cumplir con estándares internacionales

El sistema judicial ecuatoriano se encuentra "al borde del colapso". Así lo advirtieron el fiscal general del Estado, Wilson Toainga, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Godoy, durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional, que investiga la actuación de jueces y fiscales en el contexto de la lucha contra el crimen organizado.

Según las cifras presentadas por ambas autoridades, al país le faltan unos 1353 jueces y fiscales para cumplir con estándares internacionales. A esta grave carencia de personal se suma la precariedad de la infraestructura judicial, la sobrecarga de procesos y una preocupante infiltración del crimen organizado en el sistema de justicia.

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Godoy detalló que hacen falta 753 jueces: 470 para cubrir las unidades judiciales del país y otros 53 para tribunales penales. Para subsanar ese déficit, señaló que se requeriría una inversión aproximada de USD 50 millones. Por su parte, el fiscal Toainga denunció que el sistema necesita 600 fiscales adicionales y que esta necesidad ha sido planteada desde 2019, sin respuesta por parte del Consejo de la Judicatura.

La crisis también se refleja en la infraestructura. De los 437 juzgados existentes, 166 están en estado crítico, ya sea por sobrecarga de casos o por riesgo de ataques de bandas criminales. Otros 96 están en alerta por el retraso procesal. Además, el sistema cuenta con 245 dependencias judiciales, de las cuales solo 117 son propias. El resto funciona en inmuebles arrendados o en comodato, muchos de ellos con problemas estructurales.

En este escenario, tanto Godoy como Toainga coincidieron en que el crimen organizado ha permeado profundamente las instituciones judiciales. "Lastimosamente existe infiltración de redes criminales en el Consejo de la Judicatura, y eso nos resta credibilidad pública e institucionalidad", afirmó Godoy.

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El fiscal Toainga agregó: "Ninguna institución del Estado puede decir hoy que no está permeada; tenemos que ser transparentes con la sociedad".

Ante este panorama, la Ley de Integridad Pública ofrece una posible salida. Esta normativa permite declarar la emergencia en el sistema judicial, una herramienta que el Consejo de la Judicatura ya puede usar a discreción.