26 jun 2025 , 11:30

Ley de Integridad Pública: la emergencia judicial puede regir con Mario Godoy como presidente de la Judicatura

La declaratoria de emergencia permitirá ingresar o sacar jueces de forma expedita. El abogado Julio César Cueva, el catedrático Pablo Játiva y el asambleísta oficialista Andrés Castillo analizan la implicación de esta reforma.

El Consejo de la Judicatura pronto tendrá la posibilidad de declarar la emergencia en el sistema judicial, luego de la aprobación del proyecto de Ley de Integridad Pública.

La emergencia permite integrar jueces en la función judicial sin concurso y también sacar a jueces y fiscales tras un proceso de evaluación.

Lo más probable es que estas disposiciones se apliquen con el actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy, quien se encuentra prorrogado desde el 29 de enero de 2025, pues no ha sido posible que el presidente Daniel Noboa envíe la terna que le corresponde para integrar la Judicatura. El pedido del Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs) data de diciembre 2024.

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A la demora de Noboa se suman dos factores dilatorios adicionales. El primero, la incertidumbre que rodea a la terna de la Asamblea Nacional para que se designe a su integrante en la Judicatura, porque la que se aprobó el 13 de mayo por el correísmo, PSC y Construye fue tumbada por el actual Legislativo controlado por ADN. El 11 de junio, el Cpccs solicitó una nueva terna al Parlamento.

Y la segunda e inesperada. El Cpccs devolvió a la Corte Nacional de Justicia, la tarde de este miércoles 25 de junio, su terna, integrada por el juez Marco Rodríguez, la catedrática Alexandra Villacís y el abogado Edison Toro. La consejera de Participación, Johanna Verdezoto, dijo que este último integrante tenía una inhabilidad. Según fuentes de la Corte Nacional, recogidas por Televistazo, esta maniobra busca poner en la terna a un funcionario cercano al presidente Noboa.

Mientras el trámite se decanta, Mario Godoy seguirá al frente de la Judicatura sin una fecha tentativa de cambio. Entre tanto, es posible que avance la declaratoria de emergencia en la fundición judicial.

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¿Qué implica la declaratoria de emergencia en el sistema judicial?

El proyecto de Ley de Integridad Pública solo espera el pronunciamiento de Daniel Noboa. Si no hay veto, como ocurrió con la Ley de Inteligencia que ya se publicó en el Registro Oficial, será posible:

  • Establecer un régimen especial y expedito de ingreso a la carrera judicial, donde no se generará estabilidad a los servidores judiciales.
  • Reasignar y requerir recursos presupuestarios para atender la emergencia.
  • Realizar evaluaciones anticipadas a jueces y fiscales.
  • Realizar las contrataciones por emergencia que se requieran.
  • Dada la actual conformación de la Judicatura, con solo tres integrantes (Mario Godoy, Yolanda Yupangui y Solanda Goyes), no habrá mayor posibilidad de debate y profundización en el tema.}

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    ¿"Metida de mano a la justicia"?

    El abogado penalista Julio César Cueva considera que el proyecto de Ley de Integridad Pública, en cuanto a lo judicial, representa "una metida de mano a la justicia".

    "Prácticamente, nombrarán a unos jueces por lista, sacarán a otros sin mayor problema", analiza. Y todo esto, dice, traerá demandas contra el Estado y una pérdida de celeridad en la justicia, porque al sacar unos magistrados y ubicar a otros, los procesos penales en curso deberán comenzar desde cero.

    Para este cambio de jueces, agrega Cueva, se usa un método que ya usó el correísmo en 2011, que es el de desprestigiar a la justicia para buscar un 'cambio'. "El correísmo empezó por acusar a los jueces y fiscales de liberar delincuentes (...) Ahora se está haciendo lo mismo. Hay una campaña para denostar a jueces y fiscales", comentó.

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    Pablo Játiva, abogado y catedrático de la UIDE, señala que todos los líos con las ternas antes mencionadas se "prestan para suspicacias". "Suspicacias que insinúan que se pretende hacer lo que han hecho gran parte de los gobiernos y dirigentes políticos de este país: tratar de controlar la justicia". El experto también coincide en que la reforma da cabida a los "jueces golondrina", porque pueden ser nombrados sin concurso público y de forma expedita. "Eso agrava aún más el problema, porque indica que quien tiene el poder político puede hacer que se nombren esos jueces", sentenció.

    El asambleísta del oficialismo, Andrés Castillo, niega alguna injerencia política en la justicia y defiende que la reforma busca "jueces probos". "Ahora habrá procedimientos de calificación de los jueces de tal manera que puedan, con datos objetivos, demostrar su trabajo. Lo que esta norma fortalece es la capacidad del Consejo de la Judicatura para llevar adelante los proceso de evaluación a los jueces", señaló.

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