Israelí es vinculado a caso de delincuencia organizada que se sigue contra Bucaram

El israelí Sheinman Oren y tres personas más fueron vinculados la tarde de este jueves 12 de noviembre al caso que investiga una presunta red de delincuencia organizada para comercializar de manera irregular pruebas de COVID-19 e insumos médicos en el país. En esta investigación ya eran procesados el expresidente Abdalá Bucaram Ortiz; su hijo, Jacobo Bucaram Pulley; y tres vigilantes de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) de Quito.

De acuerdo a un boletín emitido por la Fiscalía, Oren, Verónica Alexandra A. G., Bryan Alexis P. V. y la peruana Orietta Isabel M. P. son los nuevos vinculados.

El comunicado señala además que una jueza de Quito ordenó prisión preventiva para Sheinman Oren y Orietta Isabel. A los ecuatorianos Verónica Alexandra A. G. y Bryan Alexis P. V. se les dispuso presentaciones semanales y prohibición de salida del país.

Además la magistrada ordenó la retención de cuentas por 16.000 dólares y la prohibición de enajenar bienes hasta por 49.222 dólares, por cada uno de los vinculados.

La Fiscalía detalla que esta investigación inició en mayo pasado. Sin embargo, es a partir de junio que la autoridades comienzan a investigar a Oren y a su fallecido compatriota Shy Dahan.

Los extranjeros fueron detenidos ese mes en Santa Elena. Ellos presentaron documentos falsos de la DEA y portaban más de 200.000 dólares en efectivo. Tras su aprehensión, declararon ante la Fiscalía que habrían mantenido negocios con Jacobo Bucaram Pulley.

Oren y Dahan fueron recluidos en la Penitenciaría del Litoral, una de las cárceles de Guayaquil, donde la madrugada del 8 de agosto fueron atacados. Dahan fue asesinado y Oren resultó herido.

La teoría que mantiene Fiscalía es que todos los procesados habrían conformado un grupo estructurado para planificar actividades delictivas entre noviembre de 2019 y agosto de 2020 (en Quito y Guayaquil). Los delitos fines serían "enriquecimiento privado no justificado, estafa, uso doloso de documento público, evasión tributaria, incluso, presuntamente, delitos contra la vida, que se están investigando".

La instrucción fiscal se abrió el 13 de agosto y se cerrará el 13 de diciembre de 2020.

En la diligencia desarrollada este jueves los tres funcionarios de la AMT y Jacobo Bucaram apelaron a la prisión preventiva, pero la Sala Penal de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha ratificó la medida.