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Siga en vivo la sesión del Concejo Metropolitano
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En caso de remoción de Yunda, la alcaldía la asumirá el vicealcalde, Santiago Guarderas. API
El Concejo Metropolitano de Quito tramita las solicitudes de remoción en contra del alcalde, Jorge Yunda, presentado por los colectivos Quito Unido y frente de profesionales por la dignidad.
Le acusan de haber incurrido en causales de remoción como:
-Incumplimiento de ordenanzas
-Uso indebido o mal manejo de recursos
-Incumplimiento del derecho a la participación ciudadana.
Aquí la sesión en vivo.
En la sesión de la mañana se tramitará el pedido de remoción presentado por el colectivo Quito Unido.
Iniciará con la lectura de los informes del caso y luego el acusador tendrá una hora para sustentar su solicitud. Tras ello será el turno de Yunda o de su representante legal, quien tendrá una hora para la defensa, también habrá tiempo para réplicas.
A horas de qué arranque la sesión, el concejo estaría dividido y serán los integrantes de la revolución ciudadana y el correísmo que con 8 ediles definirán la suerte de Yunda. Para su remoción se requieren 14 votos. De estos solo 12 estarían seguros en la oposición.
El mismo procedimiento se repetirá en la sesión de la tarde en que se analizará el pedido de remoción ingresado por el Frente de Profesionales de Quito.
En caso de remoción la alcaldía la asumirá el vicealcalde, Santiago Guarderas
Si Guarderas asume la alcaldía, se deberá elegir a dos vicealcaldías, integrar nuevamente 5 comisiones principales y luego los directorios de todas las empresas municipales
En caso de que se consigan los votos para la remoción, Yunda tendrá tres días para apelar la decisión ante el Tribunal Contencioso Electoral.
Según el exalcalde de Quito, Paco Moncayo, es la primera vez que un alcalde de la capital enfrenta procesos de remoción, a quien cuestionó por su gestión.
Otro exalcalde, Roque Sevilla, también le responsabilizó por las condiciones en las que se encuentra la ciudad más poblada del país.
El alcalde Yunda no solo enfrenta solicitudes de remoción. También es investigado por la justicia e irá a juicio por el caso de presunto peculado en la compra de pruebas PCR, en caso de ser declarado culpable podría recibir una pena de hasta 13 años de prisión.
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