Ecuador

HRW critica excesos de Policía de Ecuador en marcha feminista

Exhortó al Gobierno a que se elabore una ley que regule el uso proporcionado de la fuerza


16 mar 2022 , 20:49

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) criticó este miércoles el uso excesivo de la fuerza policial contra las marchas de colectivos feministas del pasado 8 de marzo en Ecuador, cuando conmemoraban el Día Internacional de la Mujer.

Exhortó a que se elabore en Ecuador una ley que regule el uso legal, adecuado y proporcionado de la fuerza con base en estándares internacionales de derechos humanos, tal como lo había ordenado la Corte Constitucional del país en mayo de 2021. Conforme al derecho internacional, "las autoridades sólo deben restringir las manifestaciones pacíficas cuando dichas medidas resulten necesarias y proporcionales y sean el medio menos restrictivo para el logro de un objetivo legítimo", señaló HRW.

"Independientemente de si las autoridades consideran que las protestas son ilícitas, no deben usar la fuerza para dispersarlas, salvo como medida de último recurso para responder a una amenaza genuina", agregó la organización defensora de derechos humanos.

Golpes y gases

La entidad recogió las denuncias y registros en redes sociales por el exceso en la represión policial como los golpes de tolete que recibió una periodista y el exagerado uso de gases lacrimógenos y pimienta.

El día de las manifestaciones, cientos de mujeres se movilizaron en sendas marchas en las principales ciudades ecuatorianas, pero en las de Quito y Guayaquil se repitieron las acciones de fuerza excesiva por parte de los agentes policiales, según la organización.

Viviana Erazo, periodista del medio digital Wambra, denunció a HRW que, mientras realizaba la cobertura de la movilización en Quito, un policía la acorraló y la golpeó con un tolete y que luego le echaron gas pimienta cuando intentaba escapar, un episodio que pudo grabar y publicar en Twitter.

De su lado, la activista Valeska Chiriboga, quien participó en la movilización en Guayaquil, contó a Human Rights Watch que más de 40 mujeres presentaron síntomas como vómito, picazón y ardor en los ojos después de que la policía usara contra ellas gas pimienta.

Sin motivo claro

HRW aseguró que en ninguna de las dos ciudades "fue posible discernir con claridad, en el momento, por qué había restringido las marchas la policía". Recordó que incluso la secretaria de Derechos Humanos del Gobierno, Bernarda Ordóñez, manifestó su solidaridad con las mujeres, denunció los incidentes e instó a que fueran investigados.

La directora en funciones para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk, recordó en el escrito que el propio presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, había ofrecido trabajar por el bienestar de las mujeres de su país en el marco de la justicia y equidad. “Debería comenzar asegurando la rendición de cuentas por los abusos policiales cometidos durante las marchas por el Día Internacional de la Mujer”, reclamó Traciuk Broner.

Precedentes recientes

La organización recordó que el uso excesivo e indiscriminado de la fuerza por parte de agentes de las fuerzas de seguridad ecuatorianas no es un fenómeno nuevo y que ello se evidenció durante las protestas de octubre de 2019 contra unos impopulares ajustes económicos.

Entonces, la Policía usó "fuerza indiscriminada, provocando lesiones oculares a manifestantes al lanzarles gases lacrimógenos de forma directa y desde muy poca distancia, o causando asfixia al lanzar estos gases en espacios cerrados", relató HRW.

En el Día Internacional de la Mujer, los grupos feministas de Ecuador protestaron contra la violencia de género, la impunidad ante los feminicidios y contra un eventual veto del Gobierno a una ley que despenaliza el aborto por violación, ya aprobada en la Asamblea Nacional (Parlamento).

Este martes, el presidente Lasso vetó parcialmente dicha ley y devolvió a la Asamblea Nacional el debate para que lo defina en un mes de plazo, conforme a una resolución de la Corte Constitucional que resolvió acoger ese derecho.

Según el escrito de HRW, "el veto presidencial menoscaba el trabajo que han llevado a cabo la Corte Constitucional y la Defensoría del Pueblo, así como el voto mayoritario en la Asamblea Nacional, para permitir que las mujeres y niñas ecuatorianas recuperen el control sobre sus vidas tras el trauma de la violencia sexual".