Ecuador

Habeas corpus y su aplicación polémica reunió a jueces penales para unificar criterios

También se revisó “la importancia de definir el momento concreto en que opera la caducidad de la prisión preventiva".


13 may 2022 , 17:12

Luego de que los últimos recursos de habeas corpus concedidos en el país han provocado polémica por la liberación de sentenciados por corrupción, crimen organizado y narcotráfico, jueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) y de la Corte Provincial de Pichincha se reunieron con representantes de la Asociación Ecuatoriana de Magistrados y Jueces (Aemaj) para “unificar criterios” sobre la aplicación de los mismos.

En el encuentro participaron el presidente de la CNJ, Iván Saquicela, y el vicepresidente de la Aemaj, Vinicio Palacios.

Un par de habeas corpus facilitó el ataque en la cárcel de Santo Domingo

Según un comunicado de la Corte Nacional, en la cita se analizaron aspectos problemáticos y que “generan dudas en los juzgadores al momento de aplicar e interpretar el derecho cuando conocen acciones de hábeas corpus".

También se revisó “la importancia de definir el momento concreto en que opera la caducidad de la prisión preventiva".

El encuentro ocurre luego de conocerse casos polémicos como los del exvicepresidente Jorge Glas, un ciudadano holandés con difusión roja de Interpol y uno de los líderes de la banda Los Choneros, que fueron beneficiados con tales recursos.

En los dos últimos casos, esos habeas corpus ya han sido revocados. El holandés no ha sido recapturado, 'JR' no logró salir de la cárcel, y el recurso que permitió la salida de Glas será revisado en apelación el próximo miércoles.

El pasado 24 de abril en una reunión con el presidente Guillermo Lasso, el presidente de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela; y el titular del Consejo de la Judicatura (CJ), Fausto Murillo, pidieron a la Corte Constitucional que se aclare el alcance y se delimite el habeas corpus.

La CC reaccionó diciendo que ese pedido desconoce sus competencias y lo calificó como una “clara injerencia en las funciones de la Corte Constitucional”.