Corte de Sucumbíos declara responsable a Petroecuador por derrame de crudo que afectó a 18 comunidades

La Corte Provincial de Justicia de Sucumbíos declaró responsable a Petroecuador por la vulneración de derechos colectivos de 18 comunidades amazónicas afectadas por el derrame de 1 116 barriles de crudo ocurrido el 10 de mayo de 2023. El hecho se produjo tras la rotura del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) en el kilómetro 11 de la vía a Lago Agrio, lo que provocó la contaminación de aproximadamente 35 kilómetros del río Conejo.

El fallo, de 44 páginas, establece que el derrame impactó directamente a 303 familias en las parroquias Santa Cecilia y 10 de Agosto, en Sucumbíos. El río Conejo, fuente de agua vital para consumo, agricultura, pesca y transporte de estas comunidades, fue severamente afectado por el crudo, lo que generó una grave alteración en el entorno y en las condiciones de vida de los habitantes.

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Los jueces señalaron que Petroecuador vulneró derechos fundamentales, entre ellos el derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, el derecho al agua y el derecho a la salud.

A su vez, determinaron que no es posible medir con certeza la magnitud del daño causado, por lo que ordenaron una reparación integral con la participación de varios organismos del Estado.

La sentencia dispone que Petroecuador, junto a los ministerios de Salud y del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, así como a los gobiernos seccionales correspondientes, ejecuten una serie de medidas reparadoras. Estas incluyen la dotación inmediata de agua potable a las comunidades afectadas, la compensación por daños materiales, atención médica y un estudio médico-científico que deberá realizarse en un plazo de seis meses para detectar posibles enfermedades derivadas del derrame.

Además, la Corte ordenó la restauración de las actividades productivas y económicas de las comunidades, la remediación ambiental del área contaminada, y la instalación de válvulas de seguridad en tramos más cortos del SOTE para prevenir futuros incidentes. Para esta última acción, Petroecuador tendrá un plazo de 180 días.

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Aunque el fallo no establece montos específicos de indemnización, los jueces instruyeron a las instituciones públicas responsables que elaboren estudios técnicos para definir tanto los valores de compensación como los plazos para la ejecución de las medidas ordenadas.

La decisión representa un precedente en materia de justicia ambiental en el país y reconoce el impacto sostenido del extractivismo en territorios indígenas y rurales.