El Consejo de la Judicatura, bloqueado e incompleto, no podrá cumplir con mandato de la consulta popular de 2024

El Consejo de la Judicatura (CJ) no logrará cumplir con uno de los mandatos de la consulta popular del 21 de abril de 2024: la creación de una unidad especializada de jueces constitucionales. El plazo vence el próximo 9 de mayo, pero la institución se encuentra bloqueada e incompleta, con solo tres de sus cinco vocales en funciones y sin el quórum necesario para sesionar de forma regular.

La situación se ha agravado por una disputa interna entre los vocales restantes. Aunque el reglamento permite sesiones con un mínimo de tres integrantes, basta con la ausencia de uno para que el pleno no se instale. Esto ha ocurrido repetidamente en los últimos días.

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El miércoles 16 de abril, el presidente del CJ, Mario Godoy, convocó a una sesión para tratar el reglamento de elección de los nuevos jueces constitucionales. Sin embargo, la vocal Solanda Goyes se opuso al tratamiento del tema, se levantó y abandonó la sala, rompiendo el quórum. Ese mismo día se intentó una segunda convocatoria, pero Goyes volvió a ausentarse.

Este martes 22 de abril, Godoy hizo un nuevo intento para instalar la sesión, pero solo acudió la vocal Yolanda Yupangui, sin lograr avances. "Yo seguiré convocando al pleno", declaró Godoy, aunque la falta de participación de los otros vocales ha impedido cualquier resolución formal.

El mandato popular establecía que la unidad de jueces constitucionales debía estar en funcionamiento en un plazo de 30 días, pero ese objetivo luce cada vez más lejano. A esto se suma que los tres vocales actuales del CJ debían haber dejado sus cargos en enero de 2025, pero su reemplazo también está estancado.

El concurso para designar a las nuevas autoridades no avanza en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y el presidente de la República, Daniel Noboa, aún no ha enviado la terna que le correspondía presentar en diciembre pasado.

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Mientras tanto, el conflicto entre Godoy y Goyes ha escalado a redes sociales, donde ambos han intercambiado acusaciones públicas. En medio de este escenario de parálisis institucional, la Judicatura no solo incumple un mandato ciudadano, sino que también se encuentra en una situación de indefinición prolongada que compromete el funcionamiento del sistema judicial.