21 may 2020 , 09:36

En 3 años, el 48% de las empresas que vendieron insumos a los hospitales, estaban dedicadas a otras actividades

La Comisión Ciudadana Anticorrupción investigó al IESS entre mayo de 2019 y marzo de 2020.

La Asociación Ecuatoriana de Distribuidores e Importadores de Productos Médicos (Asedim) denuncia que el 48% de los procesos de adjudicación de insumos y dispositivos médicos en el sistema de salud pública, entre 2016 y 2018, los ganaron empresas o personas sin permiso de funcionamiento. 

 

La Asedim señaló que en este periodo hubo 898 proveedores validados, pero 433 no tenían ese permiso; es decir, ganaron los concursos sin poseer la licencia que otorga la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) e incumpliendo la Ley Orgánica de Salud.

 

"El año pasado ganó un proceso de contratación pública de reactivos de laboratorio una empresa proveedora de servicios legales", señaló a Ecuavisa Cristina Murgueitio, directora ejecutiva de la Asedim. 

 

Otro ejemplo es el que sucedió en marzo cuando en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) se pretendía comprar mascarillas N-95 y otros insumos a Almantop S.A.

 

En una investigación realizada por diario El Universo, se señala que esta empresa se dedica a la "venta de comidas y bebidas en cafeterías para consumo inmediato", según consta en la Superintendencia de Compañías.  

 

La Comisión Ciudadana Anticorrupción también investigó al IESS entre mayo de 2019 y marzo de 2020. Según Germán Rodas, coordinador de esta agrupación, se identificó a una "persona que vende hamburguesas y que vende insumos". (Minuto 01:16 del video en la parte inferior)

 

Y habría también quienes venden helados, ferreterías o empresas de publicidad.

 

En el Servicio de Contratación Pública (SERCOP) señalan que son los hospitales o unidades de salud contratantes, los responsables de revisar los requisitos y denunciar esos incumplimientos, y que no está entre las funciones del SERCOP la vigilancia del permiso de funcionamiento de las empresas proveedoras. 

 

Esto sería entonces responsabilidad de la Contraloría, y si confirma irrregularidades, de la Fiscalía.

 

Revise el reportaje completo: 

 

 

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