Así es cómo el nuevo proyecto de ley urgente de Daniel Noboa busca simplificar la contratación pública

La Ley Orgánica de Innovación y Fortalecimiento de la Gestión Pública, que este martes propuso el gobierno de Daniel Noboa como urgente a la Asamblea, busca simplificar el esquema de contratación pública del país. Según el Gobierno, su finalidad es hacer este sistema más ágil y eficiente.

Para conseguir este objetivo propone reducir de nueve a cinco los procedimientos de contratación. Con la ley vigente, cada uno está regido por los montos del servicio o bienes que se van a contratar y por sectores específicos.

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"Esto se ha vuelto inmanejable para los servidores públicos y con un alto riesgo de responsabilidades civiles y penales. Lo que hace este proyecto es simplificar y quedarnos con cinco procedimientos en donde prime el concurso abierto y que se utilice los sistemas tecnológicos", indicó Stalin Andino, secretario jurídico de la Presidencia.

La ley propone eliminar las contrataciones de consultorías por vía directa y procedimiento de lista corta, así llamadas porque son las más baratas. También se eliminan los procedimientos denominados de cotización y de menor cuantía.

La nueva ley propone que todas las contrataciones que se hacían por esta vía se hagan por licitación. La ley propuesta no topa los procedimientos de régimen especial, subasta inversa y contratación directa, que son los que se usan para la mayor cantidad de compras del Estado.

Con ellas se compra todo tipo de bienes y se contratan desde medicinas para hospitales, hasta equipamientos para la seguridad pública.

"Esta es realmente la carne de los procedimientos de contratación es la parte mas gruesa donde deberíamos apuntar para realmente simplificar procedimientos de contratación y agilitar la carga burocrática que ira alrededor de la compra pública", aprecia Juan Francisco Díaz, del Observatorio de Contratación Pública.

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La propuesta de ley modifica, en cambio, la norma sobre las atribuciones de control que tiene el Sercop y que enumera los pasos que los funcionarios deben cumplir para vigilar los procesos.

Estos, según el gobierno, entorpecen e incluso paran las contrataciones. El Ejecutivo propone eliminar los criterios subjetivos de los funcionarios y reemplazarlos por herramientas tecnológicas que hagan ese trabajo.

Esas herramientas y sus criterios de aplicación no están en el texto y constarán en un reglamento posterior. El gobierno busca que las licitaciones duren entre un mes, y un mes ye medio, y no como ahora, que pueden tardar meses, años o incluso quedar inconclusas.