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Los proveedores del Estado sugieren cambios en la Ley de Integridad Pública por posible perjuicio a pequeñas empresas
La iniciativa de carácter económica urgente, propuesta por el presidente Daniel Noboa, será debatida en la Asamblea.
Los proveedores del Estado creen que la Ley de Integridad Pública, de carácter económica urgente propuesta por el presidente Daniel Noboa, perjudicará a los emprendedores y las empresas más pequeñas.
La Asociación Nacional de Proveedores del Estado presentó sus observaciones y piden que la Asamblea los reciba para argumentar sus posiciones.
La primera preocupación que tienen es que la ley contiene dos disposiciones que permitirán que se cobre una tasa para inscribirse en el registro único de proveedores, tasa que será definida por el Sercop.
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Pero no solo eso, según la asociación, la ley abre la posibilidad de que en los procesos de contratación, el estado no esté obligado a pagar anticipos, por eso podrá priorizar a contratistas que puedan financiar las compras o las obras.
"¿Qué va a pasar si ni siquiera existe anticipos en la contratación? Con eso estamos dando paso a capitales que no sabemos su origen", dijo Marco Leguísamo, presidente de la Asociación de Proveedores del Estado.
Proveedores piden sanciones para funcionarios que retrasen pagos
Los proveedores también piden que se incluyan normas para sancionar a los servidores públicos que retrasan injustificadamente las contrataciones y los pagos. Actualmente, dice la Asociación, el pago de las planillas llega a demorarse hasta seis meses.
"Los plazos se retrasan; sin embargo, nosotros somos sancionados cuando incumplimos respecto al plazo. Pero, qué pasa con los funcionarios que no hacen rápido su trabajo. No hay ninguna sanción para ellos", enfatizó Leguísamo.
Los proveedores enviaron sus observaciones al presidente de la Asamblea, Niels Olsen, y a la presidenta de la Comisión de lo Económico, Valentina Centeno.
Esa comisión ya remitió el informe para el primer debate que será la próxima semana en el pleno de la Asamblea.
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