.svg "Icono parpadeo"){kind=small}
Los clientes, alarmados por un supuesto cierre de la institución, acudieron a retirar sus fondos el lunes 4 de agosto.
La Superintendencia de Bancos reveló que el lunes 4 de agosto, tras la difusión de rumores sobre el supuesto cierre del Banco Pichincha, los clientes retiraron USD 160 millones de sus cuentas. Esta cifra representa más del doble de los retiros diarios habituales, que rondan los USD 58 millones. A pesar de la magnitud del retiro, el organismo de control aseguró que la liquidez de la institución financiera no se vio comprometida.
La ola de desinformación provocó largas filas y aglomeraciones en agencias de distintas ciudades, donde usuarios acudieron alarmados a reclamar y retirar su dinero. La Superintendencia calificó estos hechos como parte de una campaña para generar pánico financiero y presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) para identificar a los responsables de difundir noticias falsas.
Lea también: La Superintendencia de Bancos vigila la falla en la app del Banco Pichincha
Según cifras del propio banco, su patrimonio asciende a USD 1 938 millones, lo que permite enfrentar este tipo de contingencias sin riesgo para su solvencia. Por ello, las autoridades financieras insisten en que la entidad bancaria continúa operando con normalidad y que el sistema financiero ecuatoriano es sólido.
No obstante, cerca de seis millones de clientes enfrentaron dificultades ese mismo día para realizar transacciones en línea o acceder a servicios mediante la aplicación móvil del banco. La Superintendencia explicó que estos inconvenientes fueron consecuencia de actualizaciones tecnológicas programadas y aseguró que los sistemas ya fueron restablecidos.
Revise además: Banco Pichincha podría ser multado con USD 194 930 por fallas en su sistema digital
El superintendente de Bancos, Roberto Romero Von Buchwald, advirtió que los rumores malintencionados podrían configurar el delito de pánico financiero, tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) y sancionado con penas de entre cinco y siete años de prisión.
Recomendadas