Caso Sobornos: Legislador Jarrín no podrá ser procurador de Rafael Correa

Nuevas resoluciones del juez de ejecución del Caso Sobornos. El magistrado negó el pedido del asambleísta de UNES, Fausto Jarrín, para seguir representando legalmente a Rafael Correa como procurador judicial. Además, contestó las alegaciones realizadas por los condenados ante la interpol.

Como parte de la ejecución de la sentencia del Caso Sobornos, el juez Walter Macías resuelve varias solicitudes de los condenados.

Una fue presentada por Fausto Jarrín, abogado de Rafael Correa, quien ahora es asambleísta. Pidió continuar en el caso como procurador judicial del expresidente mientras actúa como legislador, pero esto fue rechazado. El magistrado notificó por escrito que:

"...Los asambleístas están inmersos en una causal legal de incompatibilidad para patrocinar a terceras personas por razones de su función (...) no es posible dejar la defensa técnica y pretender continuar siendo procurador judicial, porque para esas dos condiciones se exige la intervención de un abogado habilitado legalmente para el patrocinio de terceros (...) lo solicitado deviene en improcedente".

El juez tampoco dio paso al escrito del empresario sentenciado Victor Fontana, quien considera ilegal que su nombre aparezca en la placa que fue colocada en Carondelet y pidió que se lo retire.

Además, conoció que varios sentenciados acudieron con alegaciones ante la organización internacional de Policía, Interpol, por lo que envió información de todas las sentencias dictadas en contra de cada condenado y aclaró que:

"...Todos los órganos jurisdiccionales que han intervenido en el proceso judicial han actuado con imparcialidad e independencia (...) para este órgano judicial, las alegaciones del interesado no están respaldadas de elementos que puedan desvirtuar, ante el auditorio internacional, la presunción de legitimidad e imparcialidad de la justicia ecuatoriana. Por lo tanto, sus alegaciones resultan escuetas apreciaciones subjetivas".

Finalmente se negó los recursos de ampliación y aclaración presentados por el exministro Walter Solís. Entre tanto continúa el proceso de embargo de bienes para recuperar los 14,7 millones de dólares ordenados en la sentencia.