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Para muchos sectores de la opinión pública, esta es la gran conclusión. Es decir, Ecuador se equivocó en 2009 cuando decidió que no se renovara el convenio que permitía a EE.UU. usar la base aérea de Manta para actividades de interdicción de drogas.
Es preciso hacer énfasis en la palabra Ecuador, porque hace 16 años, como ocurre en estos tiempos, hubo un apoyo, prácticamente generalizado, para que el gobierno y la Constituyente de Rafael Correa terminaran su cooperación con Washington.
Al país de entonces, obnubilado por el ascenso del socialismo del siglo XXI en toda la región, le preocupaba que la base de marras fuera, como ellos lo mencionaban, parte de un centro de operaciones geopolíticas de los gringos para re-colonizar América Latina, bajo el pretexto de combatir, junto al gobierno colombiano, a las guerrillas, los paramilitares, el narcotráfico y el terrorismo.
En resumidas cuentas, el grave problema de inseguridad que tenía el vecino país era suyo y, por tanto, no cabía cooperación alguna para evitar su colapso.
Un 70 por ciento de los ecuatorianos, en promedio, aprobó la consulta de 2007 para llamar a una constituyente; para elegir en ese año a sus asambleístas, en mayoría de Alianza PAIS; para aprobar la Constitución de Montecristi; y, para reelegir a Correa por primera vez.
En toda esa agotadora zaga electoral, el famoso tema de la Base de Manta era pieza indispensable de discusión y polarización políticas. Tanto así que el artículo 5, que hoy podrá ser reformado vía referendo, prohíbe expresamente la instalación de bases extranjeras.
Diez y seis años después vuelve la discusión con la misma carga de polarización y euforia. La única diferencia es que ahora, aparentemente, la mayoría de ecuatorianos quiere una base extranjera con tal de que ello baje los altísimos niveles de inseguridad y violencia.
¿Por qué Ecuador es tan frágil al momento de diseñar y sostener sus políticas públicas? ¿Por qué lo que ayer era malo ahora luce como otra tabla de salvación en medio de este océano confuso?
Buena parte de las élites que demandan una activa cooperación internacional para enfrentar el problema de violencia, argumentando que se trata de factores externos los que lo provocan, no pensaban lo mismo cuando Álvaro Uribe así lo exigía. Y, claro, fue la cercanía de este con Lucio Gutiérrez una de las razones que precipitó la caída de su gobierno en 2005.
Toda esta historia de arrepentimientos obliga a que la sociedad comprenda que no habrá más recetas mágicas, que no sea el diseño inteligente, impulsado en convergencia, de una política institucional redonda para enfrentar la violencia. Que una base militar puede ser útil, seguramente, pero no lo es todo.
Lo crucial es producir una enorme reflexión sobre lo que se podrían definir como 16 años desperdiciados por una discusión bizantina que no volvió a Ecuador más soberano ni le preservó de las amenazas demenciales de las que es objeto por cuenta de las mafias narcocriminales y sus tentáculos mundiales.
Los dogmas mataron una colaboración que pudo ser de mucha utilidad en la última década, cuando se prefirió escuchar los delirios de Hugo Chávez y minimizar los clamores de Uribe o cuando se hizo tabla rasa de lo que Jamil Mahuad, en 1999, logró impulsar con el acuerdo con EE.UU. sobre la Base de Manta.
Para retomar la senda de la prosperidad no cabe enmendar solamente los errores cometidos décadas atrás, sino proyectar al país hacia las décadas que están por venir. Y para eso se necesitan líderes visionarios.
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