La presidenta de Perú, Dina Boluarte, enfrenta una investigación por presunto abandono de cargo y omisión de funciones.
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Fotografía de archivo de la presidenta de Perú, Dina Boluarte. EFE/ Renato Pajuelo( )
La Fiscalía peruana ha solicitado a la presidenta Dina Boluarte entregar en un máximo de 24 horas los documentos médicos que justificaron una cirugía realizada en junio de 2023, así como las 91 normas que asegura haber firmado durante su recuperación. La investigación busca determinar si hubo abandono de cargo o omisión de funciones durante el periodo en cuestión.
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La operación, calificada por Boluarte como “necesaria y no estética”, fue mantenida oculta al Congreso por más de un año. Según su abogado, Juan Carlos Portugal, la cirugía duró entre 40 y 50 minutos, tiempo en el cual la mandataria “nunca estuvo inconsciente” y continuó con sus funciones. Además, el tratamiento postoperatorio fue ambulatorio, a pesar de que pasó la noche en la clínica.
Portugal insistió que “no existe obligación legal de comunicar” al Congreso este tipo de procedimiento, y que la presidenta “siempre estuvo al tanto del país”.
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Argumentos de la Fiscalía y declaraciones de Boluarte
La fiscal general, Delia Espinoza, aclaró que la investigación no es sobre la cirugía en sí, sino sobre la posible falta de comunicación al Congreso y si Boluarte estuvo incapacitada durante ese tiempo. Se investiga si la presidenta abandonó sus funciones entre el 29 de junio y el 9 de julio de 2023.
Boluarte declaró el pasado 12 de diciembre que estaba dispuesta a renunciar a su confidencialidad médica y entregar su historial clínico. Insistió en que la intervención no afectó su capacidad para gobernar.
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La Fiscalía deberá analizar los documentos y verificar si hubo omisiones o incapacidades que justifiquen sanciones. Mientras tanto, Boluarte y su equipo legal defienden que no existe base normativa que respalde las acusaciones.
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