La mandataria peruana enfrenta múltiples acusaciones, mientras la Fiscalía rechaza su versión de un "golpe blando" en su contra.
- Fotografía de la presidenta peruana, Dina Boluarte, en la Organización de las Naciones Unidas( )
La fiscal general de Perú, Delia Espinoza, confirmó este domingo 9 de marzo que la presidenta Dina Boluarte tiene en su contra 34 denuncias, desmintiendo las acusaciones de la mandataria sobre una supuesta persecución política. Boluarte había asegurado que el Ministerio Público buscaba desestabilizar su gobierno con investigaciones en su contra, afirmación que Espinoza rechazó categóricamente.
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Las denuncias y la postura de la Fiscalía
La fiscal Espinoza, en una entrevista con el programa Cuarto Poder de América Televisión, aclaró que la mayoría de las denuncias han sido presentadas por ciudadanos y no implican un proceso de acoso político contra la mandataria.
La fiscal ha aclarado que Boluarte no ha sido citada por los 34 casos, sino solo en aquellos donde su testimonio es "estrictamente necesario". En el resto de las investigaciones, se están recopilando documentos, testimonios y pericias, además niega que la Fiscalía busque desestabilizar el Gobierno y subraya que solo está cumpliendo con el debido proceso.
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Espinoza calificó como "falsas" las declaraciones de Boluarte sobre una persecución política y recalcó que "los políticos ejercen política, nosotros ejercemos el derecho".
Investigaciones en curso: protestas, joyas de lujo y encubrimientos
Dina Boluarte ha sido citada en varias ocasiones para declarar en distintas investigaciones, aunque en algunos casos ha optado por no responder a las preguntas de la Fiscalía.
Las principales investigaciones contra la presidenta:
La fiscal general enfatizó que la reacción de Boluarte es común entre personas investigadas, pues suelen sentirse "tensas" y recurrir a declaraciones políticas para desacreditar las pesquisas.
Crisis política en Perú
Las denuncias contra la presidenta agravan la crisis política en Perú, donde Boluarte enfrenta críticas tanto de la oposición como de la sociedad civil al enfrentar factores que aumentan la tensión política como el deterioro de la libertad de prensa donde organizaciones como la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) han denunciado hostigamiento a medios críticos con el gobierno.
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Las protestas sociales en aumento, especialmente en regiones que demandan justicia por las muertes durante las manifestaciones de 2022-2023 donde la baja aprobación de Boluarte, quien, según encuestas recientes, enfrenta altos niveles de rechazo ciudadano.
A pesar de estas controversias, Boluarte ha descartado cualquier posibilidad de renuncia y sigue insistiendo en que su gobierno es víctima de una campaña de desprestigio.
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