Gobierno español condena el veto en el Municipio de Jumilla que prohíbe fiestas islámicas
La medida, impulsada por una propuesta del partido de extrema derecha Vox y aprobada por el Partido Popular, es vista por críticos como un intento de impedir que la comunidad musulmana celebre sus festividades.
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Musulmanes haciendo una plegarias en una mezquita en España( )
El gobierno español condenó una ordenanza local aprobada en la ciudad de Jumilla, en el sureste de España, que prohíbe la celebración de actividades religiosas en instalaciones deportivas municipales. La medida, aprobada por el gobierno conservador del Partido Popular (PP) el pasado 28 de julio, ha sido calificada de racista por ministros del gobierno nacional.
La nueva normativa estipula que las instalaciones deportivas solo podrán usarse para "actividades culturales, sociales o religiosas ajenas al Ayuntamiento". A pesar de que el texto no menciona explícitamente ninguna religión, la decisión fue interpretada como un intento de impedir que la comunidad musulmana, que representa cerca del 12% de la población de Jumilla, celebre sus festividades como el Eid al-Fitr, algo que venían haciendo hace años y se ha tachado al acto de racista.
El Partido Popular se defendió, y rechazó las acusaciones de discriminación. Jaime de los Santos, alto cargo del partido, afirmó que "no hay ninguna referencia a ninguna religión o rito" en la resolución.
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En contraste, el partido de extrema derecha Vox, que fue el proponente original de la moción, ha celebrado la medida en términos explícitamente antimusulmanes. En sus redes sociales, la rama regional de Vox escribió: "Se aprueba la primera medida en España que impide celebrar fiestas islámicas en espacios públicos", añadiendo que "¡España es y será siempre tierra de raíces cristianas!".
El caso de Jumilla sucede justo en un tenso momento donde se debate sobre la migración y el nacionalismo en España y en toda Europa. La propuesta original de Vox calificaba las celebraciones islámicas como "prácticas incompatibles con la identidad" española, una retórica que, según analistas, el Partido Popular ha adoptado de forma más moderada. Juristas españoles señalan que la redacción final de la ordenanza busca ajustarse a la Constitución, pero su espíritu sigue siendo el de la propuesta original de la ultraderecha.
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