Trump enfrenta demanda de 12 estados por acceso de Elon Musk a datos personales

El Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE), creado por el presidente Trump, está en el centro de una polémica legal debido a la supuesta entrega de información confidencial al empresario Elon Musk.

El presidente estadounidense Donald Trump habla durante una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro japonés Shigeru Ishiba tras las conversaciones, en la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, DC, el 7 de febrero de 2025.( MANDEL NGAN / AFP )

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Doce estados de EE. UU., liderados por Nueva York, anunciaron el pasado jueves 6 de febrero que demandarán a la Administración de Donald Trump por permitir que el empresario Elon Musk y el personal de su recién creada Oficina de Eficiencia Gubernamental (DOGE) accedieran a datos sensibles de millones de ciudadanos. Estos incluyen información bancaria estatal y detalles personales, lo que los fiscales generales califican de “ilegal e inaceptable”.

El acceso otorgado a través del Departamento del Tesoro ha generado gran preocupación, ya que involucra sistemas de pago críticos para la distribución de fondos federales. Según la denuncia, esto podría afectar programas esenciales como la atención médica y el cuidado infantil, de los que dependen millones de estadounidenses.

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Los fiscales generales de Nueva York, California, Arizona, Maine, y otros estados, argumentaron en un comunicado conjunto que el presidente Trump no tiene autoridad para entregar estos datos sensibles sin la aprobación del Congreso. “Nadie, ni siquiera Elon Musk, está por encima de la ley”, aseguraron.

El papel de DOGE y su polémica misión

El DOGE fue creado por Trump con el propósito de reducir el gasto público y optimizar la eficiencia gubernamental, pero su implementación ha generado controversia desde el principio. La demanda señala que el organismo consiguió acceso a la plataforma de pagos del Tesoro tras la dimisión de un funcionario clave que había resistido esta medida.

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El organismo, liderado por Musk, podría tener la capacidad de bloquear o retrasar pagos federales destinados a programas sociales, algo que los estados denunciantes consideran inconstitucional. “El presidente no puede usar un organismo como DOGE para recortar o desviar fondos aprobados por el Congreso”, advirtieron los fiscales.

¿Qué consecuencia legales podrían enfrentar?

Los estados demandantes aseguran que, de no ser revocada esta autorización, millones de ciudadanos se verán afectados por recortes en servicios esenciales. Entre los programas en riesgo están el Medicaid, el cuidado infantil subsidiado y el financiamiento a hospitales públicos.

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La demanda podría generar un enfrentamiento judicial significativo, con implicaciones sobre la separación de poderes y los límites del poder ejecutivo. Además, Elon Musk también enfrenta críticas por aceptar el acceso privilegiado a información sensible. Los demandantes han advertido que, si no se toman medidas inmediatas, la privacidad y la seguridad financiera de los ciudadanos seguirán en peligro.