Claves de la ola de violencia que vive Perú donde los homicidios se triplicaron en siete años

Perú ha experimentado un incremento alarmante en la violencia en los últimos años, especialmente en los homicidios, que se han triplicado en los últimos siete años. En los primeros dos meses de 2025, se registraron 368 homicidios, frente a los 111 del mismo periodo en 2018.

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A pesar de este aumento, Perú aún se encuentra lejos de las cifras de países vecinos como Colombia y Ecuador, que registraron 1 990 y 781 homicidios respectivamente en los primeros dos meses de 2025. Sin embargo, el politólogo Eduardo Dargent señala que el crecimiento de la violencia es una preocupación creciente en un país donde históricamente no había sido un fenómeno tan pronunciado.

El delito de extorsión ha aumentado significativamente en Perú, especialmente en la capital, Lima, y en ciudades como Trujillo, donde bandas criminales asociadas a la minería ilegal ya extorsionaban a comerciantes. Sin embargo, la violencia con la que se ejerce la extorsión ha aumentado, y la situación se ha descontrolado en varios sectores económicos.

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Recientemente, el asesinato de un famoso cantante de cumbia en Lima, miembro de una orquesta extorsionada por bandas, ha puesto en evidencia la creciente violencia criminal en el país. César Bazán, experto en inseguridad, destaca que la violencia de los métodos intimidatorios y el uso de sicarios son nuevos elementos que caracterizan este tipo de crimen.

Aunque Perú es el segundo mayor productor mundial de cocaína, no se enfrenta a una guerra entre grandes organizaciones de narcotráfico como en otros países de la región. En cambio, operan varias bandas más pequeñas y diversas, asociadas a una gama de actividades ilegales como la minería ilegal, tráfico de terrenos, trata de personas y mafias de construcción. Los secuestradores, un delito que parecía casi erradicado, también han aumentado en los últimos años.

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Los expertos coinciden en que este aumento de la criminalidad se ha producido en un contexto donde el Estado peruano ha demostrado ser ineficaz en enfrentar la creciente violencia. Las políticas de seguridad ciudadana implementadas por los últimos gobiernos han sido criticadas por su falta de efectividad, y el Congreso actual se ve acusado de aliarse con grupos criminales, debilitando la capacidad de investigación judicial y policial. La Policía Nacional, que también enfrenta acusaciones de corrupción y vínculos con bandas criminales, necesita una profunda reforma, según los expertos.

En respuesta a la creciente violencia, el gobierno decretó el estado de emergencia en Lima y la vecina provincia de Callao, donde vive aproximadamente un tercio de la población peruana. Sin embargo, las medidas de emergencia, que han sido implementadas anteriormente, han mostrado ser de limitada efectividad.

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Además, el gobierno ha propuesto algunas medidas controvertidas como la pena de muerte y la baja de la edad de responsabilidad penal para menores. Sin embargo, Dargent señala que la falta de capacidad política en el país dificulta la implementación de políticas públicas efectivas para enfrentar la criminalidad, lo que se traduce en un populismo sin resultados concretos.