Reino Unido implementará la castración química para delincuentes sexuales en 20 prisiones

El gobierno del Reino Unido ha anunciado oficialmente la aplicación de castración química como parte de un programa piloto en su sistema penitenciario, con el objetivo de combatir la reincidencia entre delincuentes sexuales.

La medida, que se implementará en 20 prisiones del país, es una de las más firmes adoptadas hasta ahora para hacer frente a este tipo de crímenes y ha generado un intenso debate en la opinión pública, la comunidad médica y los organismos de derechos humanos.

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La castración química no implica intervención quirúrgica, sino el uso de medicamentos que reducen significativamente la libido y los niveles de testosterona en los individuos. Se trata de un tratamiento farmacológico continuo, cuyos efectos desaparecen si se interrumpe la administración del medicamento.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia británico, estudios previos en otros países han mostrado que este tipo de intervención puede disminuir la tasa de reincidencia en delitos sexuales hasta en un 60%, especialmente en aquellos casos donde hay un patrón compulsivo y persistente de comportamiento delictivo.

La primera fase del programa se llevará a cabo en 20 centros penitenciarios distribuidos en Inglaterra y Gales, y estará dirigida a presos condenados por delitos sexuales graves, incluyendo abuso infantil y violación.

La participación será voluntaria, aunque los reclusos que acepten someterse al tratamiento podrían beneficiarse de reducciones de pena, mejores condiciones carcelarias o prioridad en programas de reintegración.

Además del tratamiento farmacológico, el programa incluirá terapia psicológica intensiva, monitoreo médico constante y evaluación periódica del progreso. Las autoridades aseguran que el objetivo no es castigar, sino rehabilitar a los agresores y reducir el riesgo de reincidencia tras su liberación.

Aunque algunos sectores de la sociedad han aplaudido la medida como un paso firme hacia la protección de víctimas y la seguridad pública, organizaciones defensoras de los derechos humanos han manifestado su preocupación.

Uno de los principales temores es que, si bien el tratamiento se presenta como voluntario, las condiciones carcelarias podrían presionar a los reclusos a aceptar el procedimiento a cambio de beneficios.

“Cualquier forma de tratamiento médico forzado, o que se otorgue como moneda de cambio para acceder a mejores condiciones, puede representar una violación de los derechos humanos fundamentales”, declaró un portavoz de Human Rights Watch.

Por su parte, grupos de víctimas han respaldado la decisión, argumentando que el Estado tiene la responsabilidad de prevenir nuevas agresiones y proteger a las personas más vulnerables.

El uso de la castración química no es nuevo. Países como Polonia, Corea del Sur, Rusia y algunos estados de EE. UU. ya la aplican, en distintos grados y con distintos niveles de supervisión. En muchos de estos lugares, la decisión ha sido recibida con controversia, pero también con respaldo por parte de las víctimas y sus familias.

Con esta medida, el Reino Unido se suma al pequeño grupo de países europeos que incorporan este tipo de tratamiento como parte de su política penal. Las autoridades británicas señalan que el enfoque combina la firmeza legal con la posibilidad de reintegración, y prometen una evaluación continua del impacto ético y médico del programa.

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