Argentina: Cristina Fernández fue sobreseída en caso de la Ruta de Dinero K; aún le queda un juicio pendiente

Este lunes 5 de junio, el fiscal federal Guillermo Marijuán sobreseyó a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, en el caso Ruta de Dinero K. A la vicepresidenta se la investigó por su supuesta relación con Lázaro Báez en este caso de lavado de activos.

Báez era un empresario chileno que constituyó la empresa Austral Producciones, la cual contrataría alrededor de 53 obra públicas del Estado argentino. De acuerdo con el diario La Nación, Austral Producciones recibió "4000 millones de pesos en contratos del Estado y 1200 millones en contratos de Santa Cruz”.

También te podría interesar: Ecuador y Argentina, ¿ruptura presidencial entre Guillermo Lasso y Alberto Fernández?

Los contratos de obras públicas de Austral Producciones, que se llevaron a cabo en los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, poseían numerosas irregularidades. En el 2013, el periodista Jorge Lanata denunció el lavado de activos por parte de la empresa, un total de 55 millones de dólares. Báez y 16 diputados más fueron sentenciados a prisión.

Marijuán comentó, en una entrevista con el periodista Jorge Lanata, que no encontró pruebas concretas sobre la relación de Fernández y Báez. Por esta razón, solicitó al juez Sebastián Casanello cerrar la investigación en contra de la Vicepresidenta.

Casanello explicó que no podía “suplir la misión punitiva del Estado” y que tenía que actuar dentro del “marco y con los alcances planteados por las partes”. Por lo que, tras lo planteado por Marijuan, no había otra opción que sobreseer a Fernández de Kirchner.

También puedes leer: Pabel Muñoz se reunió con Cristina Fernández en medio de fricción entre Ecuador y Argentina

El diario Clarín explicó que la investigación a Fernández continuará por el mismo delito, pero desde otro expediente vinculado al caso Ruta del Dinero K.

Este no es el único caso en consta de Fernández. En diciembre de 2022, la vicepresidenta fue condenada a seis años de cárcel, al igual que la inhabilitación posicionarse en cargos públicos. Esto ocurrió al ser acusada de ser la autora responsable de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública durante su presidencia en 2007 a 2015.