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Los enfrentamientos entre el ELN y disidencias de las FARC han generado una crisis humanitaria en el Catatumbo, dejando miles de desplazados y decenas de muertos.
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Desplazados por la violencia en el Catatumbo se reúnen en el estadio General Santander, en Cúcuta (Colombia). EFE/ Mario Caicedo( )
La región del Catatumbo, en el departamento de Norte de Santander, enfrenta una grave crisis humanitaria tras seis días de violentos enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y disidencias de las FARC. Según la defensora del pueblo, Iris Marín, 32 000 personas han sido desplazadas, buscando refugio en ciudades como Cúcuta (15 000 personas), Ocaña (11 000 personas) y Tibú (5 300 personas).
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Desde el inicio de los ataques, más de 100 personas han sido asesinadas, incluyendo seis firmantes del acuerdo de paz de 2016. Sin embargo, el Instituto de Medicina Legal ha registrado oficialmente solo 35 cuerpos, de los cuales dos permanecen sin identificar.
La Fuerza Pública y Naciones Unidas continúan operativos para evacuar a personas en riesgo extremo, mientras el confinamiento persiste en varias zonas rurales. La Defensoría del Pueblo confirmó casos de desaparición forzada, secuestros y asesinatos, evidenciando el deterioro de la seguridad en la región.
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Reacciones por parte del gobierno
La escalada de violencia había sido advertida en noviembre pasado por la Defensoría del Pueblo, que alertó sobre los riesgos para la población civil ante la creciente actividad del Frente de Guerra Nororiental del ELN, especialmente tras el fin del cese al fuego bilateral con el Gobierno.
En respuesta, el presidente Gustavo Petro declaró el estado de conmoción interior y emergencia económica, medidas que han recibido críticas por su efectividad en la protección de la población.
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Liberación de secuestrados y misiones humanitarias
Entre los avances en medio de la crisis, este martes fue liberado Antonio Marín, exalcalde de San Cayetano, quien había sido secuestrado en diciembre pasado por el ELN. La guerrilla afirmó que "rescató" al exalcalde de manos del Frente 33 de las disidencias de las FARC y lo entregó a una misión humanitaria.
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La Defensoría del Pueblo también lideró otras misiones humanitarias, logrando la liberación de 31 personas, entre ellas un menor de edad y 20 personas secuestradas desde el 16 de enero.
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