La Policía revela un mecanismo para legalizar armas que entran de contrabando a Ecuador

Las pistolas y fusiles estaban sobre una mesa de cristal dentro de una hacienda en la vía a la Costa, en Guayaquil. Allí, hace un año y medio, se realizó la denominada narcofiesta donde se congregaron supuestos miembros del grupo criminal Los Águilas y cabecillas como alias Fede y Patucho Celso.

Ambos fueron llamados a juicio por tráfico de armas. La diligencia está prevista para el 30 de octubre de 2025. Fueron 45 armas de fuego las que recopiló y analizó la Policía después de la celebración.

El caso puso al descubierto uno de los mecanismos que usan las organizaciones delictivas para legalizar armas de fuego traídas de contrabando al país. Así lo alertan informes de Inteligencia de la Policía a los que accedió Ecuavisa.com.

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Según los documentos, más de 10 armas halladas en la narcofiesta constaban como legales y a nombre de una empresa de seguridad constituida en 2021 con un capital de USD 35 000, según datos de la Superintendencia de Compañías. Los códigos de las pistolas fueron cotejados con un sistema web de Estados Unidos.

Los datos arrojaron que el armamento era Connecticut y estaba a nombre de un comprador. Esa era la última ciudad donde fue registrado legalmente. Pero, ¿cómo llegó a Ecuador?

Según los investigadores, las armas fueron ingresadas al país de contrabando. Se habrían legalizado mediante una declaración juramentada que se presenta ante el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas para sacar un permiso de porte o tenencia, siempre y cuando la persona no tenga papeles que certifiquen el origen de las pistolas, como una factura.

Los informes alertan que esa es una modalidad de las mafias para poder legalizar las pistolas o fusiles. Los agentes explicaron que con la declaración juramentada, miembros de las agrupaciones criminales alegan haber encontrado o heredado las armas de sus familiares.

Con ese documento pueden acudir hasta uno de los 13 centros de Control de Porte de Armas de las Fuerzas Armadas, para iniciar los trámites de los permisos. Uno de los investigadores contó que luego de obtener la credencial, las armas son vendidas ciertas empresas de seguridad -legales- y así burlar los controles.

"Usan las empresas de seguridad constituidas como fachada para tener los permisos de porte o tenencia de armas de fuego. Pero algunas de esas armas fueron traídas de contrabando, legalizadas por una persona bajo la declaración juramentada y luego vendida", explicó uno de los agentes a Ecuavisa.com

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La presentación de una declaración juramentada para registrar un arma es legal. El coronel Miguel Ángel Ochoa, director nacional de Control de Armas del Comando Conjunto, explicó que en abril de 2023 se emitió un decreto para otorgar los permisos de porte y tenencia de armas. Así mismo, se emitió una disposición transitoria facilitando a las personas la legalización del armamento con una declaración juramentada.

Ochoa aclaró que solo se permitió en tres ocasiones (2023, 2024 y 2025) registrar las armas bajo declaración juramentada. En el documento a presentar, las personas debían explicar las condiciones en las que tenían las armas y cómo las encontraron.

Inteligencia Policial ha identificado que además de Estados Unidos, hay armas ilegales provenientes de Perú, un país en el cual se permite la compra desde Brasil, Paraguay o Austria.

Un total de 2 700 armas se legalizaron bajo el mecanismo de declaración juramentada en Ecuador. Así lo detalló el coronel Ochoa, en una entrevista para Ecuavisa.com.

Los periodos para la legalización fueron de seis meses. En 2023, se legalizaron 1 359 armas. Para 2024, se otorgaron 781 permisos y en este 2025, hasta mayo, 563 armas registradas. Ochoa indicó que se han hecho los trámites para porte o tenencia.

Para los procesos de legalización, Ochoa puntualizó que las armas no tienen que estar adulteradas o modificadas. Dijo que muchas que entran ilegalmente al país, tienen esas características.

La tenencia de armas consiste en que la persona puede tener una pistola, escopeta, entre otras, dentro de un predio o inmueble. Ese permiso tiene una vigencia de cinco años. El porte consiste en que se permite a la persona ir a todos lados con el arma, por eso, ese documento dura dos años.

Los trámites son personales y cuando el ciudadano se registra en el sitio web de las Fuerzas Armadas, se genera un código único. Entre los documentos a presentar, constan certificado de no tener antecedentes o procesos penales, ni estar inmerso en casos de violencia intrafamiliar.

También pruebas toxicológicas y psicológicas. Y un certificado de destreza de manejo de armas. Hay 56 centros autorizados por las Fuerzas Armadas para dar cursos.

En 2025, se han detectado personas vinculadas a grupos criminales como Los Choneros, con supuestos permisos de porte o tenencia de armas de fuego. Uno de los casos fue el de Christian M., lugarteniente de alias Fito, que presuntamente tenía un documento de ese tipo.

Otro fue alias Patucho Celso, que estuvo vinculado en la narcofiesta de vía a la Costa y en un caso en Manabí, donde las armas halladas supuestamente eran de una empresa de seguridad y constaban con permisos del Comando Conjunto.

De hecho, alias Fito enfrenta cargos federales en Estados Unidos por una red de tráfico de armas desde ese país hacia Ecuador, junto a Topo. El ministro del Interior John Reimberg, señaló justamente que este otro cabecilla sería extraditado y remarcó que se solicitará el mismo trámite para alias Fede tras su recaptura.

Reimberg además sostuvo que los grupos criminales acceden a las armas mediante empresas de seguridad vinculadas a ellos. Por eso, indicó que se estaba levantando un informe sobre dichas compañías.

Algo que refuerza los informes de Inteligencia policial, sobre esta compra-venta que se realiza con personas que supuestamente legalizan las armas bajo el concepto de declaración juramentada. Uno de los agentes señaló que muchas de las armas que supuestamente se presentan con este documento, "son de última generación", contradiciendo así que sean heredadas por familiares, pero que igual "se permitiría su legalización bajo ese mecanismo".

El director de Control de Armas de las Fuerzas Armadas, Miguel Ochoa, no descartó que el crimen organizado use documentos falsos para sacar los permisos. Pero detalló que se hace una revisión exhaustiva de los papeles que se suben al sistema y de las armas que se presentan.

Dichos controles, incluirían una verificación con los laboratorios o doctores que emitieron los certificados, para comprobar la autenticidad de los documentos.

Añadió que las credenciales que emite el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas tienen un código QR, para que durante los operativos de control, se pueda comprobar su validez en el sistema de la institución.

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