El sector minero está molesto por imposición de una tasa y asegura que la exploración e inversión se verán afectadas

El Gobierno creó una tasa minera para fortalecer la supervisión y control de la actividad extractiva en territorio nacional.

La Agencia de Regulación y Control Minero espera recaudar unos USD 220 millones anuales y así “cumplir de manera más eficaz la función reguladora en el marco de la expansión de las actividades mineras, la lucha contra la minería ilegal, (...) recuperar los costos operativos de fiscalización, incorporar tecnología y mejorar la presencia territorial, especialmente en zonas determinadas en conflicto minero”.

Pero el sector está “profundamente preocupado” por lo que consideran un impuesto desproporcionado y ya presentaron al menos cuatro demandas en la Corte Constitucional y están a la espera de que la institución suspenda el cobro, aunque la decisión puede tardar.

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El monto a pagar varía dependiendo del tipo de minería (pequeña o a gran escala), fase del proyecto y tamaño de la concesión. Se calcula con base en la cantidad de hectáreas autorizadas o concesionadas, el coeficiente por fase minera y la base del sueldo básico, que en este año es de USD 470.

La tasa de supervisión y control minera deberá ser pagada por los titulares de derechos mineros así:

Por ejemplo, para la pequeña minería en fase de exploración se pagará un 15 % del salario básico por hectárea, es decir USD 70,5. Los valores suben si se trata de la minería a gran escala y el proyecto está en fase de explotación. En este último caso se paga USD 470 por hectárea.

Hanrine Ecuadorian Exploration, subsidiaria de la minera australiana Hancock Prospecting, tiene, por ejemplo, tres proyectos en fase exploratoria en Ecuador. Uno de 24 000 hectáreas, otro de 26 000 hectáreas y el último de 30 000 hectáreas.

El cálculo dice que si es minería a gran escala y se está en fase de exploración inicial se deberá pagar USD 117,50 por hectárea. Eso quiere decir que por las 30 000 hectáreas se debería hacer un pago de USD 3 525 000.

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Para María Eulalia Silva, presidenta de la Cámara de Minería de Ecuador, esta tasa ahuyentará a los proyectos mineros y perjudicará sobre todo a la fase de exploración, que suele tener años de trabajo y cero retorno.

“Es una tasa que fue impuesta de manera inconsulta, consideramos que es desproporcionada, eleva aproximadamente unas 50 veces el costo de tener una concesión en el Ecuador cuando ya era bastante cara con los competidores de la región. Esta tasa simplemente podría estar eliminando la exploración minera (...) Una tasa así de grande, así de desproporcionada, está sacando del juego a los exploradores que en realidad están haciendo una apuesta”, dijo.

“Hay muchas compañías que no están en capacidad de hacerlo (pagar la tasa), porque simplemente supera sus presupuestos anuales e incluso en ciertos casos lo que hay que pagar de la tasa supera incluso el valor de la compañía (...) Incluso hay compañías grandes que han aterrizado en Ecuador y ya se han ido, porque el Ecuador cambia las reglas de juego todo el tiempo”, agregó.

Carlos de Miguel III, gerente general de Suramérica para Hanrine Exploration, está en esa misma línea y señala que la tasa afectará sobre todo al giro de negocio de exploración minera, donde "el 100 % de nuestro capital es a riesgo. Puedes explorar 10 concesiones y a lo mejor una tiene las características para ser una mina de cobre".

En este sentido, enfatiza que la tasa provocará que la inversión extranjera se aleje del Ecuador.

"Es una tasa totalmente insostenible. Estamos hablando que representa el 50 % de lo que es la inversión y exploración. Tenemos que entender que la exploración es una industria que en conjunto está invirtiendo nueve cifras al año, que es liquidez inmediata al sistema económico de Ecuador, un país dolarizado", explicó.

Mientras tanto, Carlos de Miguel III dijo que no ve "posibilidades" de pagar la tasa minera porque es "desmedida, sin fundamentos e ilegal porque es más un impuesto que una tasa".

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Inés Manzano, ministra de Energía, dijo que el sector minero se consolida "como el futuro de la economía" de Ecuador tras "avances significativos en exportaciones y recaudación tributaria".

"Con una participación destacada tanto de los grandes proyectos como de la pequeña minería, nuestros principales destinos de exportación han posicionado al Ecuador como un actor relevante en los mercados internacionales. En el ámbito institucional, fortalecimos el marco normativo con el objetivo de promover un entorno regulatorio más claro, eficiente y alineado con los principios de sostenibilidad y responsabilidad", añadió la ministra.

Además, Manzano señaló que en 2024 hubo "anuncios importantes de empresas que han estado en exploración avanzada ya con su evaluación económica y que pasaban a la construcción de minas".

Aseguró que el trabajo que se está realizando en este 2025 es una continuación de lo iniciado en 2024. "Vamos a mejorar los contratos, vamos a revisar los acuerdos de comercialización. Nadie se va a llevar un recurso mineral nuestro sin que tenga la sostenibilidad como primera mano, pero también que pague absolutamente todas las regalías", agregó.

Manzano hizo estas declaraciones el mismo día en el que la Cámara de Minería de Ecuador (CME) anunció que había interpuesto una demanda de inconstitucionalidad contra la tasa de fiscalización minera.

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