Asamblea 2025-2029: 18 votos de cuatro organizaciones políticas serán determinantes para la gobernabilidad

Con más del 90% de las papeletas de asambleístas escrutadas, en la mayoría de provincias, el próximo poder Legislativo va tomando forma. La principal certeza es que habrá dos grandes bloques, la Revolución Ciudadana y Acción Democrática Nacional (ADN), sin embargo, está por definirse cuál de ellos fungirá como oficialismo y cuál ocupará el rol de oposición.

De cualquier manera, la relación entre el Ejecutivo y el Parlamento dependerá la estabilidad política de Ecuador durante los próximos cuatro años. Si se consigue un ambiente de consensos, podría ser viable que el Presidente que resulte electo concrete su plan de Gobierno; mientras que, si la relación es hostil, como en los últimos tres periodos, las disputas volverán a ser parte de la agenda política.

¿Cuáles son los escenarios que le esperan a la próxima Asamblea?

El pasado 9 de febrero de 2025, los ecuatorianos escogieron a 151 asambleístas, representantes de seis organizaciones políticas. 67 de la Revolución Ciudadana, 66 de ADN, nueve de Pachakutik, cinco del Partido Social Cristiano, tres de movimientos locales y uno de Construye.

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Según la analista política Camila Ulloa, una Asamblea con pocos movimientos o partidos políticos significa un organismo funcional, donde los diálogos y acuerdos se concretan con mayor facilidad. Sin embargo, al haber dos bancadas grandes, que no han tenido una relación de consensos, puede haber problemas para la gobernabilidad.

Los votos de los 18 asambleístas de las otras organizaciones políticas se convierten en la clave para que cualquiera de los dos bloques tenga mayor poder de maniobra.

Por ejemplo, para la mayoría absoluta se necesitan 77 votos, con los cuales se puede: designar a los miembros del Consejo de Administración Legislativa, las comisiones de la Asamblea, conseguir cambios del orden del día, la aprobación de leyes, o para enjuiciar políticamente a Procurador, Fiscal, Defensor del Pueblo, Defensor Público, superintendentes y miembros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

Mientras que, para la mayoría calificada se necesitan 101 votos, en casos como la autorización de enjuiciamiento penal del Presidente o Vicepresidente, la censura del Primer Mandatario, el enjuiciamiento político a ministros, miembros de la Función Electoral y del Consejo de la Judicatura.

En ninguno de esos trámites legislativos, ni ADN ni la Revolución Ciudadana pueden concretarlos por sí solos, obligatoriamente tendrían que negociar con otras bancadas.

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Ideológicamente, el correísmo podría tener más afinidad con Pachakutik, mientras que el movimiento de Noboa, con el Partido Social Cristiano y con el único legislador de Construye. Bajo ese escenario, es viable concretar una mayoría absoluta. Sin embargo, llegar a los 101 votos no sería posible para ninguno de los dos bloques, aun asumiendo que podrían cabildear con las otras cuatro fuerzas políticas.

Lo anterior se traduce en que será prácticamente imposible lograr una agenda de fiscalización hacia los ministros del próximo gobierno porque en las votaciones por la censura y destitución se necesitaría que parte de los asambleístas oficialistas se volteen.

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El próximo 13 de abril de 2025 será la segunda vuelta electoral en la que se enfrentarán Daniel Noboa y Luisa González.

Si el ganador del balotaje es el actual Presidente, la Revolución Ciudadana asumirá el rol de oposición que desempeña desde el gobierno de Lenín Moreno, con intentos repetitivos de truncar las propuestas del Ejecutivo.

Una agenda de acuerdos sería difícil de alcanzar, luego de que en el periodo anterior se rompieron las alianzas tras la irrupción de la Policía de Ecuador en la Embajada de México, para tomar preso Jorge Glas.

Por otro lado, si gana Luisa González, ADN es un movimiento político nuevo que nuca antes ha desempeñado el rol de oposición. Sin embargo, ya ha pasado antes que organizaciones sin estructura consolidada se desintegran con facilidad para aliarse al poder de turno, a cambio del manejo en instituciones públicas o simplemente para tener mayor protagonismo.

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