Militares desbordados: el Estado los dispersa en otras funciones y las fronteras quedan a merced de criminales

Un convoy de militares fue parte de la logística en el último operativo policial ejecutado en el noroeste de Guayaquil, la madrugada del sábado 7 de junio de 2025. En ese punto, existe la pugna entre dos facciones del grupo criminal Los Tiguerones y según las autoridades, se ha vuelto un sitio para el escondite de armas y personas secuestradas, como los cuatro comerciantes que fueron hallados muertos en una cisterna.

Apoyar en ese tipo de operativos y otros controles en las calles, es apenas uno de los roles que ahora cumplen las Fuerzas Armadas en Ecuador. A eso se suma su control permanente en el sistema penitenciario del país.

En enero de 2024, se declaró el conflicto armado interno. Esto tras el ataque terrorista en las instalaciones de TC Televisión en Guayaquil y la fuga de alias Fito de la cárcel Regional Guayas.

Con la medida y los decretos de estado de excepción que han continuado desde entonces, se dispuso que los militares apoyen en los controles en las cárceles y en los operativos dentro de las ciudades, además de su rol constitucional, protegiendo la soberanía y las fronteras.

En febrero de 2025 se les sumó una tarea más: estar en los puertos para apoyar en las labores contra el narcotráfico, cuyas mafias buscan enviar droga en contenedores de exportación. Esto pese a que la Armada del Ecuador realiza constantes operativos fluviales en el Golfo de Guayaquil, la zona del puerto, y controles marítimos.

Las Fuerzas Armadas también ayudan a controlar la minería ilegal. Fue justo durante un operativo en el Alto Punino, que el grupo Comandos de la Frontera los emboscó y mató a 11 militares.

Revise: Secuestros, mercado emergente del crimen organizado, alertan expertos en seguridad.

¿Estas funciones adicionales debilitan a las Fuerzas Armadas? La institución tiene aproximadamente 45 mil uniformados entre las tres ramas: Ejército, Armada y Fuerza Aérea. Según fuentes militares, los marinos están encargados de apoyar en los controles de los puertos.

El Ejército por ejemplo, está en el sistema carcelario. Solo en el complejo penitenciario en Guayas, se han destinado al menos 900 militares a los que se suman entre 115 y 120 personas de apoyo logístico. En la cárcel de El Oro, hay 175 uniformados para el control. En la regional Cotopaxi, son 150 militares que se dividen en tres grupos para los controles y en El Rodeo, en Manabí, son al menos 105 soldados.

Para el exsubsecretario de Seguridad, Wagner Bravo, el trabajo de las Fuerzas Armadas dependen de un plan establecido y la estructura, organización, entrenamiento y equipamiento está determinado por lo que manda la Constitución. Por eso, señaló, la entidad protege la soberanía y ubica estratégicamente sus unidades en el país.

Sin embargo, desde hace unos 30 o 40 años, los militares han estado al servicio de la sociedad y cumplen misiones denominadas subsidiarias. Según Bravo, ante la debilidad estatal de ciertas instituciones, se pide el apoyo temporal de las Fuerzas Armadas.

El exsubsecretario detalló que en ese tiempo, las entidades deberían reforzar y mejorar su trabajo. Por eso, destacó que la intervención de los uniformados en las cárceles por ejemplo, debería ser temporal. Actualmente, van 15 meses desde que los uniformados entraron a las cárceles.

Serían unos 8 000 militares asignados al sistema carcelario ayudando a controlar los reclusorios, según Bravo. Esto debilitaría el trabajo de las unidades en las fronteras y en los destacamentos, y en el control fundamentalmente de lo que ingresa y sale del país, comentó el experto.

"Lo mismo sucede cuando se pide apoyo para Aduana, control de puertos. Eso de una u otra manera, involucra personal, medios y armamentos que deberían estar en la protección", expresó Bravo.

El exsubsecretario comentó que también el apoyo de las Fuerzas Armadas es en el combate a la minería ilegal. Por ejemplo, según los datos publicados por el Ministerio de Defensa, había unos 1 000 militares apoyando en el tema minero y tras lo ocurrido en el Alto Punino, se destinó en esa zona, un contingente de 1 500 soldados, sumando un total de 2 500.

Para la catedrática Katherine Herrera, el empleo de las Fuerzas Armadas en otras funciones es "un síntoma de error estructural", que desfiguraría su rol. Así lo cuestionó en redes sociales, tras el incidente con una patrulla de 37 soldados que se toparon con un grupo armado de 200 guerrilleros en Sucumbíos.

Según información militar, los uniformados ecuatorianos evitaron el combate ante la desventaja de hombres y de armamento. Por eso, Herrera sostuvo que no se debería asignar a los militares en "tareas que no les corresponden".

Señaló que mientras el ejército patrulla calles, no está donde debería estar, en los escenarios donde se juega la soberanía. Herrera explicó que no es que no puedan o no quieran, sino que el "Estado no les da dirección estratégica ni objetivos claros".

La especialista comentó el problema de fondo sería confundir las amenazas, poner en el mismo nivel a los grupos organizados (GDO) y a los armados transnacionales (GAO). Ella dijo que los denominados GDO operan en contextos urbanos como microtráfico, sicariato y extorsión, mientras los GAO tienen armamento militar, control territorial y lógica paramilitar.

Resaltó que los militares han sido usados de forma multipropósito, en cárceles, calles, operativos, debilitando su capacidad para actuar en fronteras, puertos, espacio aéreo y zonas grises.

Para el experto en crimen organizado Renato Rivera, la militarización en América Latina respondería a un nuevo tipo de populismo, donde se busca generar respuestas a la inseguridad o violencia mediante operativos de las Fuerzas Armadas en las calles. Indicó que en la región, la institución no tiene el mismo presupuesto que los países desarrollados y eso hace que las funciones -desde la protección de la soberanía y territorio- se vean limitadas, y a eso se le sumarían las nuevas labores.

Rivera indicó que al tener recursos y funciones limitados, significa que deberían cambiar su doctrina. Y eso en un mediano y largo plazo, los resultados son un descuido de la frontera, incremento de grupos armados colombianos y un aumento de la criminalidad en los límites con Colombia y Perú.

El experto señaló que ya de por si las funciones de los militares están segmentadas y si a eso se le agrega el control de armas, minería, cárceles, etc. Y esto -según Rivera- pondría en desventaja ya que los grupos de delincuencia organizada, en el contexto de fragmentación que experimenta el Ecuador, van a reclutar más personas versus el ejército que se mantienen relativamente estáticas en el tiempo.

Herrera -en su publicación- expresó que si se siguen confundiendo las amenazas y debilitando los roles, el país se encamina a un ecosistema criminal transnacional y las Fuerzas Armadas dejarían de ser disuasivas y serían irrelevantes frente a estos actores armados no estales.

Revise también: Así luce la casa allanada del cabecilla de Los Choneros, alias Fito, en Manta.