ADN intenta destituir a Gonzalo Albán, del Cpccs, con tres argumentos débiles

Hasta hoy, 12 de septiembre de 2025, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional debe pronunciarse sobre el juicio político al consejero de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), Gonzalo Albán, mediante un informe que recomiende o no el enjuiciamiento, luego de la recopilación de información de ambas partes.

Tanto en la Comisión de Fiscalización, como en el pleno de la Asamblea Nacional, el oficialismo cuenta con la mayoría, por lo que se puede avizorar que el asambleísta proponente del juicio, Keevin Gallardo, también miembro de ADN, podría contar con los votos para su objetivo: censurar y destituir a Albán, incluso, sin importar que los argumentos que sostienen el proceso de fiscalización no son sólidos.

Para la destitución de un consejero de Participación Ciudadana, se necesita la mayoría absoluta, es decir, 77 votos. ADN ha conseguido, en los casos más difíciles, 78, con respaldo de sus aliados.

"La Comisión de Fiscalización considera que el consejero Gonzalo Albán incurrió en incumplimiento de funciones en los términos del artículo 131 de la Constitución y artículos 78 y 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa", se lee en el informe borrador al que Ecuavisa.com pudo tener acceso.

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Es decir, los asambleístas consideran que Albán incurrió en incumplimiento de funciones, que "vicia el acceso al cargo y compromete la legitimidad del ejercicio de las funciones, comprometiendo valores y deberes constitucionales, generando pérdida de confianza política", según se lee en el documento.

El legislador Keevin Gallardo acusa a Albán de haber pertenecido a una organización política previo a la postulación como candidato para el Cpccs, lo que está expresamente prohibido en la ley que rige el funcionamiento de la entidad. Se presume que, desde 2012, Albán tenía una adherencia al movimiento MOVER y que en junio de 2022 se desafilió.

Entre las pruebas de cargo, presentadas por el legislador Gallardo, está la resolución del Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante la cual se negó la calificación de la candidatura por incumplir el requisito de no adherencia.

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Sin embargo, tal como consta en el mismo documento de solicitud de juicio político, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) revocó las decisiones emitidas por el CNE y dio paso a la postulación de Albán. Otro de los elementos del asambleísta de ADN es el voto salvado emitido por la jueza del Tribunal Contencioso Electoral, doctora Patricia Guaicha Rivera, quien considera que Albán no desvirtuó haber estado vinculado al movimiento político.

*A continuación el documento de solicitud de juicio político.

El argumento de Albán es que la afiliación a MOVER fue fraudulenta. De hecho, el vocal presentó una denuncia en la Fiscalía General del Estado por falsificación de firma, además en el formulario presentado por la organización política no consta la huella, un requisito para la inscripción de adherencia.

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En la comparecencia en la Comisión de Fiscalización, Gonzalo Albán dijo que la Asamblea impulsa un “despropósito constitucional”. Su defensa se centra en tres ejes. Primero, que los hechos observados son ajenos a las funciones como vocal del Cpccs porque su posesión fue en enero de 2025, es decir, no se puede alegar incumplimiento de funciones. Además, el requisito de no adherencia es un requisito para inscripción de candidatura, no de la gestión del consejero.

Segundo, que desconocer la sentencia del TCE sería incurrir en infracción electoral grave y hasta en delito. Además, Albán considera que el mismo asambleísta ponente reconoce el pronunciamiento del tribunal electoral porque incluye el voto salvado de la jueza.

Por último, que una persona no puede ser juzgada dos veces por los mismos hechos.

"Si aceptamos que la Asamblea se coloque por encima de las resoluciones judiciales, mañana cualquier sentencia podrá ser ignorada por conveniencia", indicó Albán en la Comisión de Fiscalización.

El consejero Albán asegura ser independiente y no responder a los intereses de ninguna organización política, pese a que en julio de 2024, Ángela Narcisa Páez Murillo presentó una denuncia en contra de él y otros vocales porque su candidatura, supuestamente, habría sido impulsada por el Partido Social Cristiano (PSC), es decir, algo similar a lo que ocurrió con la liga azul, que llegaron amparados por la Revolución Ciudadana. Sin embargo, la denuncia en su contra fue archivada.

"Con mi llegada, esa mayoría se rompe", dijo Albán en una entrevista para Televistazo, en enero de 2025, refiriéndose al correísmo, que en ese entonces controlaba el Cpccs con Augusto Verduga, Yadira Saltos, Eduardo Franco Loor y Nicole Bonifaz.

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Cuando asumió el cargo, en reemplazo de Verduga, Albán se sumó a la minoría y votó junto con el presidente Andrés Fantoni; sin embargo, con el tiempo, hubo discrepancias. Por ejemplo, un punto álgido fue el cuestionamiento de Albán a la descalificación de René Toro, postulante de la Corte Nacional de Justicia para el Consejo de la Judicatura, por considerar que había una etapa para verificar si los participantes cumplían o no los requisitos y que ese no era el procedimiento reglamentario.

Tal como está conformado el Cpccs actualmente, la mayoría, liderada por Fantoni, ha sido observada por responder a los intereses del Gobierno de Daniel Noboa, cuestionados por Albán, Piedad Cuarán y Nicole Bonifaz, quienes integran la minoría.

Augusto Verduga, Alembert Vera, Juan Esteban Guarderas y Eduardo Franco Loor han sido destituidos del Consejo de Participación Ciudadana, siendo la lista de hombres la que más cambios ha tenido desde 2023.

Si Gonzalo Albán es censurado, asumiría Roberto Gilbert, quien consiguió el noveno lugar de los más votados. Sin embargo, fue candidato alterno en la lista de asambleístas por Guayas, con el Partido Social Cristiano. Santiago Becdach, quien también fue candidato, considera que debería excusarse de ejercer el cargo, por tener intereses políticos, además cuestiona que el Cpccs no logra encaminar los concursos del CNE, Judicatura y Fiscal General.