La designación del fiscal temporal y la demora en la elección del titular ponen en tensión política a la Fiscalía

La noche del 3 de octubre de 2025, el Consejo de la Judicatura designó a Leonardo Alarcón Argudo como Fiscal General Temporal, luego de que la Procuraduría General del Estado estableciera que ese es el procedimiento en caso de ausencia temporal o definitiva de Wilson Toainga en la Fiscalía General del Estado, quien participará en una conferencia en Brasil, del 5 al 10 de octubre.

Esa designación llega en medio de señalamientos al Consejo de la Judicatura por una aparente cercanía con el Presidente; la relación de Alarcón con casos claves para el Gobierno; además de los retrasos en el concurso del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) para escoger al próximo titular de la Fiscalía; y la propuesta de la Asamblea Constituyente que abre la posibilidad de un cambio de reglas para la designación de las autoridades de control.

Estas son las claves de lo que pasa alrededor de la Fiscalía.

Tras el proceso de selección del Cpccs, los vocales del Consejo de la Judicatura fueron posesionados el 26 de septiembre y una semana después tomaron la primera decisión de trascendencia, la designación de Alarcón como fiscal subrogante, con el respaldo de todos los vocales: Mario Godoy, Fabián Fabara, Alfredo Cuadros, Damián Larco y Magaly Ruiz.

Alarcón fue mocionado por Godoy, presidente de la Judicatura, luego de descartar otras dos opciones y de destacar la trayectoria y probidad del funcionario.

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Esa resolución provocó reacciones en la cancha política. La bancada de la Revolución Ciudadana calificó a la designación como un "golpe contra la independencia judicial". Los asambleístas consideran que no era un trámite ordinario y que la Judicatura se excedió en sus funciones. A su criterio, correspondía que el Cpccs agilice la designación definitiva.

Esos señalamientos ocurren luego de que el concurso para la designación de los vocales de la Judicatura fue señalado por presuntas irregularidades. Por ejemplo, hubo denuncias de que uno de los miembros de la comisión de selección fue funcionario cercano a Mario Godoy. También hubo reclamos de algunos participantes, quienes desistieron de avanzar en el concurso por desconfianza en el proceso.

Carlos Leonardo Alarcón es máster en Derecho Penal, tiene una especialización en criminalidad compleja y en justicia indígena. Tiene más de 23 años de experiencia y era el coordinador de la Unidad de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción.

Alarcón llevó adelante el caso Nene, que involucraba a la exvicepresidenta Verónica Abad y a su hijo, Francisco Barreiro, investigado por presunta oferta de tráfico de influencias. Abad fue una de las enemigas políticas de Noboa en el periodo anterior.

También fue el fiscal del caso Triple A, una investigación por el delito de almacenamiento, transporte, envasado, comercialización o distribución ilegal de productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustibles. Ahí es procesado el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, con quien Noboa también ha tenido enfrentamientos.

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En febrero de este año, Álvarez dijo en una entrevista que Alarcón debía pensarlo "100 veces" antes de vincularlo y que "se le va a perseguir legalmente después de que termine el proceso".

La designación definitiva de la autoridad máxima de la Fiscalía General del Estado está en manos del Cpccs, trámite que está en etapa de integración de la Comisión Ciudadana de Selección, en particular en la fase de admisibilidad.

Desde ese punto del concurso, hasta la designación del próximo Fiscal, el tiempo establecido en el cronograma es de aproximadamente 90 días. Es decir, a principios de 2026 podría conocerse al funcionario designado.

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Sin embargo, ya se ha visto en otros concursos que se dilatan por recurso que interponen los participantes, como acciones de protección.

El Cpccs lleva cinco meses de retraso en este concurso, tiempo en el que Toainga está prorrogado.

El presidente Daniel Noboa motiva una consulta popular para decidir si ir o no por una Asamblea Constituyente. Si la propuesta tiene respaldo popular, los ciudadanos escogerán a los asambleístas encargados de redactar la nueva Constitución.

Eso puede implicar una reconfiguración total de la institucionalidad del Estado, incluso en la designación del Fiscal.