Las muertes en manos de la fuerza pública en Ecuador se duplicaron durante el conflicto armado interno

Después de un año y nueve meses de la muerte de Carlos Javier Vega Ipanaqué, un joven de 19 años que murió tras ser baleado por un miembro de la Armada mientras estaba en un auto en el sur de Guayaquil, aún la justicia no determina culpables.

Ese es uno de los 24 casos de extralimitación en la ejecución de un acto de servicio, que es el uso excesivo de la fuerza por parte de un agente de seguridad, que han sido tratados en una unidad judicial durante el conflicto armado interno, que lleva casi dos años al estar vigente desde enero de 2024. Es decir, cuando ya hay personas que tienen cargos en su contra.

De esta manera, se han duplicado los procesos penales de este delito en el periodo que ha estado vigente para enfrentar la violencia criminal, pues de acuerdo a datos del Consejo de la Judicatura, entre 2022 y 2023 hubo 12 causas.

Si solo se aborda las denuncias presentadas en Fiscalía en esta materia, la diferencia es mayor. Hubo 226 entre 2022-2023 y 484 entre 2024 y 2025.

Respecto al caso Ipanaqué, su familia tuvo que esperar más de un semestre para que la denuncia se convierta en un proceso penal. Entre diciembre de 2024 y marzo de 2025, se procesaron a dos marinos presentes en el operativo: Cristhian Patricio A. S. y o el militar Gary Manuel M. V.

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Eduardo Velasco, primo de Carlos Javier Vega y conductor del vehículo que fue disparado por los uniformados, narró que ese 2 de febrero de 2024 debían llegar a la Universidad Salesiana del Barrio Cuba para entregar un perro, pero se toparon en las calles aledañas con un retén militar.

Indica que, después de hablar con los uniformados, les hicieron retroceder y es ahí donde se chocaron con un patrullero y rozan la bota de un militar. A los pocos segundos escucharon disparos, que hieren de gravedad a Carlos y deja incapacitado el hombro izquierdo del conductor.

Velasco intentó conducir a un hospital cercano para ingresar de emergencia a su primo, pero fueron perseguidos por los militares y fueron aprehendidos en la avenida Domingo Comín. Allí narró que ambos fueron jaloneados, que recibieron puntapiés y que él fue aplastado en la espalda mientras le decían "dale, dale, que se reviente por dentro", empeorando su herida.

Desde las Fuerzas Armadas llegaron a hablar de "terroristas aprehendidos ante intento de ataque a retén militar", porque aseguraron que los jóvenes quisieron evadir un control e incluso embestir a los uniformados.

Por ahora, el caso no avanza. Pese a que el Ministerio Público ha enviado varios oficios desde julio de 2025 para que la jueza del caso convoque fecha para reinstalar la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio, la magistrada no lo ha hecho.

El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH-GYE), que representa a la familia de la víctima, envió un escrito el 10 de noviembre que apunta que, habiendo transcurrido aproximadamente cuatro meses sin generarse una respuesta, no se está respetando los principios de celeridad y debida diligencia expresados en la Constitución.

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Las investigaciones de muertes provocadas por el accionar de la fuerza pública son llevadas a cabo por la Unidad Especializada en la Investigación del Uso Ilegítimo de la Fuerza de la Fiscalía, pero algunos de los casos que llevan sí son formulados como homicidio.

Así ocurre con el proceso en contra de los policías Joel Stivens N. N. y Kevin Alexander C. C por la muerte violenta de Bryan Salvador Flores Jiménez en Cotocollao, Quito, el 30 de agosto.

Él fue baleado por uno de los agentes tras tener un siniestro de tránsito con ellos en las cercanías del parque Sodiro.

Flores Jiménez se estaba movilizando con un amigo en su carro, mientras otras cuatro de sus amistades estaban en una camioneta atrás de él, cuando se impactó directamente con un auto particular tipo sedán donde se trasladaban los dos policías. Ocurrió en una calle 'cuchara', un callejón por la que se debía circunvalar para poder salir.

Según información expuesta en la audiencia de formulación de cargos, los agentes creían que iban a ser asaltados tras ser chocados, por lo que uno de ellos dispara al aire para "que paren".

Sin embargo, tras escuchar la detonación, Flores Jiménez emprendió carrera para poder escapar. El policía Joel Stevens S. interpretó esto como un intento de atropellamiento, según el acta de la audiencia, por lo cual sale del vehículo para disparar contra el otro carro.

El hombre falleció por los dos balazos que recibió en su región torácica, señala el informe de Medicina Legal. Aunque perdía mucha sangre, logró conducir hasta una clínica, tras chocarse frente a un poste del establecimiento. Su amigo que lo acompañaba en el vehículo lo ayudó a ingresar, pero los médicos le comunicaron después que había fallecido.

Los agentes se fueron del sitio y fueron aprehendidos horas después en un cuartel policial donde pernoctaban, mientras ya vestían de civiles. Recibieron prisión preventiva y actualmente están tratando de revocarla en la Corte Provincial de Pichincha. El 10 de diciembre está prevista la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio.

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El pasado 3 de noviembre, el sargento segundo Edgar Fernando A. V. fue detenido en el cantón Mejía de Pichincha por la muerte de un guardia de nacionalidad colombiana de una gasolinera.

Testigos señalaron que el agente apuntó a un despachador con su arma, luego realizó un disparo al aire, por lo que el resto de personas empezó a correr.

En ese momento, un guardia de seguridad se acercó al sitio. Otro de los despachadores de combustible que presenció lo ocurrido contó que el guardia rastrilló para ver si el hombre se alejaba, pero causó el efecto contrario, el sargento segundo empezó a disparar contra él. Una de las balas impactó contra el vigilante, quien quedó tendido en la vía pública. El caso sigue en instrucción fiscal.

Por otra parte, hay casos que aún no son tratados en una Unidad Judicial. Un hombre que conducía un carro tipo SUV fue abatido por la Policía el 20 de julio, en la cooperativa Florida 1, en el Guasmo Sur de Guayaquil.

Según la defensa de la familia, recibió cerca de 80 disparos. El fallecido fue identificado como Edison Antonio Díaz Rodríguez, de 44 años.

La Policía aseguró que el hombre huía después de arrollar a tres personas, pero el entorno de la víctima asegura que nunca aparecieron las personas heridas y que el vehículo no tenía signos de haber pasado por un siniestro.

A inicios de 2025, el CDH-GYE denunció un presunto caso de ejecución extrajudicial de un adolescente en un operativo policial en el sur de la ciudad.

El padre de los adolescentes expuso que cientos de policías circulaban por la cooperativa 15 de Agosto, en Guasmo Sur, e ingresaron a las viviendas producto de una balacera, el jueves 30 de enero.

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Aseguró que sus hijos estaban jugando fútbol juntos a otras personas en un parque del sector. Dijo que, cuando empezó la balacera, salió a buscar a los menores y que se encontró con el mayor, de 16 años, quien estaba herido.

"Papi, ayúdame. Me dispararon. No me dejes morir, papi", contó el hombre. Aseveró que envió a su hijo al hospital con un familiar mientras buscaba al otro menor en su barrio, pero no lo encontró.

Contó además que del hospital lo llamaron para que lleve la cédula del adolescente. Se embarcó en un vehículo y fue al sanatorio. Ese mismo rato le comunicronn que el otro menor, de 14 años y quien estaba buscando, había llegado al mismo hospital y que estaba agonizando. Posteriormente, su niño falleció.

El padre afirmó que sus hijos no pertenecían a bandas criminales, que eran estudiantes y lo ayudaban en labores agrícolas.

La Policía Nacional solicitó a la Fiscalía General del Estado (FGE) que la investigación sea trasladada a Quito y manejada por agentes fiscales especializados "con el fin de que no exista ninguna intromisión en la zona en la que se produjeron los hechos". Aún el Ministerio Público no ha comunicado si llevará a cabo una formulación de cargos.