Consulta popular y referéndum 2024: cambios en seguridad podrían tardar hasta un año

Después de tres días de la votación por la consulta popular y referéndum de 2024, surgen las interrogantes sobre cómo y cuándo se aplicará lo aprobado. La ciudadanía respaldó nueve de las 11 preguntas planteadas por el Ejecutivo, principalmente las relacionadas con seguridad.

Sin embargo, según el calendario electoral, los resultados oficiales se publicarán el próximo 5 de junio. Esto significa que nada de lo aprobado hasta ahora entrará en vigencia hasta esa fecha y en otros casos el tiempo se extiende hasta un año. Se promete que habrá nuevas herramientas para combatir el crimen, pero ¿cuándo se implementarán exactamente?

En el referéndum, una de las preguntas abordaba la participación conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía en las operaciones contra el crimen organizado. Según el CNE, el 72.27 % de los ecuatorianos respaldó esta medida.

Lo que supone que el rol de las FF.AA. cambia con respecto a su objetivo original que es la defensa del territorio nacional y su soberanía. Ahora su nueva función constitucional es brindar apoyo complementario, justificado por el desbordamiento de las capacidades policiales.

Este cambio implica que los estados de excepción ya no serán necesarios, al menos no para enfrentar situaciones de grave conmoción interna. Según explicó Wagner Bravo, exsecretario de Seguridad del Estado, a Ecuavisa.com, en la práctica sería una situación similar a un estado de excepción, aunque sin el nombre oficial, ya que los procedimientos son similares.

Entre estos requisitos se encuentra que el comandante de la Policía documente por escrito el pedido de apoyo complementario de las Fuerzas Armadas, seguido por un decreto ejecutivo emitido por el presidente, el cual tiene una duración inicial de 180 días con posibilidad de renovación.

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Esta medida estará vigente una vez que se anuncien los resultados el próximo 5 de junio. Pero, ¿qué implica este cambio para las Fuerzas Armadas? Bravo señala que esta preparación implica analizar las estrategias necesarias y los recursos requeridos para llevar a cabo esta nueva misión, "tendrá que adecuar su organización, entrenamiento, doctrina y medios para esta nueva misión que es complementaria".

Por otro lado, en la consulta popular, otras tres preguntas involucraron el papel de las Fuerzas Armadas:

En cuanto a la presencia militar en las cárceles, el general en servicio pasivo enfatiza en que desempeñarán un papel de apoyo complementario, pero recalca que "el Sistema Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) y sus agentes son los responsables de la seguridad penitenciaria".

En ese sentido, Bravo subraya la importancia de fortalecer el SNAI para evitar que la intervención de las Fuerzas Armadas sea prolongada.

Otro aspecto a considerar es la pregunta que recibió un respaldo del 64,07%, la cual permite que las armas utilizadas en delitos sean transferidas a la Policía o las Fuerzas Armadas. Sin embargo, Bravo advierte sobre posibles efectos no tan eficientes, "implica mayor mantenimiento, capacitación, diferente tipo de munición ni repuestos".

Estas preguntas necesitarán ser aprobadas por el Legislativo antes de poder ser implementadas.

Otra interrogante relacionada con seguridad, pero centrada en el ámbito jurídico, que obtuvo el respaldo de la ciudadanía fue la propuesta de crear judicaturas especializadas en materia constitucional, con un apoyo del 59.92 % de los votos.

Esta propuesta tiene como objetivo detener el abuso de las garantías constitucionales. Anteriormente, cualquier juez de primer nivel de cualquier materia podía conocer y resolver una acción de garantías jurisdiccionales, lo que permitió a narcotraficantes y criminales recuperar su libertad a través de habeas corpus concedidos por jueces de otras competencias, como los de la niñez o el tránsito.

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El proceso que sigue implica enmendar la Carta Magna y reformar la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional. Además, el próximo año el Consejo de la Judicatura deberá convocar a un nuevo concurso para seleccionar jueces constitucionales especializados en el análisis y resolución de habeas corpus, habeas data, peticiones de medidas cautelares, entre otros.

Ecuavisa.com conoció que actualmente la Judicatura prepara una hoja de ruta desde las áreas técnicas para su aplicación.

La extradición de ecuatorianos entrará en vigencia de forma inmediata a partir de la publicación oficial de resultados el próximo 5 de junio. Esta medida, respaldada por la mayoría de la población, recibió el 64.75 % de votos a favor, según los datos del CNE hasta este miércoles, 24 de abril.

Sin embargo, su aplicación no es un proceso fugaz, cada caso deberá ser analizado por jueces ecuatorianos, quienes tienen la responsabilidad de garantizar que se consideren adecuadamente los diversos tratados internacionales a los que Ecuador se ha adherido en defensa de los derechos humanos.

En este contexto, se establece que en el caso de otorgarse la extradición de un ciudadano, el país receptor no puede imponer la pena de muerte. Asimismo, la aplicación de castigos que no sean inhumanos, crueles o degradantes.

Sobre el cumplimiento total de los años de sentencia, el incremento de penas, y la confiscación de bienes de origen ilícito al Estado, respaldadas por la población, también está en espera.

A partir de la publicación oficial, el Ejecutivo dispone de cinco días para enviar proyectos derivados de las preguntas de la consulta deben seguir el proceso legislativo.

Por ejemplo, en la pregunta 2 de la consulta sobre el endurecimiento de penas se necesitará un proyecto de ley reformatoria al Código Orgánico Integral Penal (COIP), lo que deberá ser revisado por una comisión y obtener el voto favorable de al menos 70 legisladores.

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En resumen, la Asamblea tiene un plazo de 60 días para que las medidas aprobadas en la consulta entren en vigencia. A partir de ese momento, se espera que las herramientas aprobadas comiencen a mostrar resultados.