Consejo de la Judicatura: desde economistas hasta ingenieros comerciales buscan ser vocales

En medio de tropiezos en el proceso y señalamientos a los participantes, avanza el concurso para la selección de vocales del Consejo de la Judicatura (CJ), organizado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs).

El 15 de agosto de 2025 terminó el plazo para la impugnación ciudadana a los 15 abogados, que fueron incluidos en cinco ternas de las funciones del Estado y desde este 18 de agosto corre el plazo para que la Comisión Técnica de Selección presente al Pleno del Cpccs un informe con el detalle de las impugnaciones, recomendando la admisión o inadmisión, por cada participante.

Los elementos que pueden ser considerados son: el incumplimiento de requisitos; falta de probidad; inhabilidad de ocupar cargo público; o haber alterado u omitido información sobre su trayectoria.

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De la terna que envía la Corte Nacional de Justicia (CNJ) saldrá quien presida el Consejo de la Judicatura: Juan Carlos Benalcázar, Alexandra Villacís o Mario Godoy.

Benalcázar es doctor en Derecho (PhD), tiene experiencia como profesor universitario de pregrado y posgrado, ocupó cargos como coordinador del programa internacional de maestría en Derecho, en la Universidad Andina Simón Bolívar; también es abogado en libre ejercicio.

En 2019, Benalcázar presentó ante la Corte Constitucional una acción para suspender la elección de los consejeros de Participación Ciudadana. El abogado planteó que el Consejo Nacional Electoral (CNE) incurrió en una “inconstitucionalidad por omisión al no garantizar que los ciudadanos conozcan a los candidatos y a sus propuestas”.

En la última declaración juramentada que presentó ante la Contraloría General del Estado, de 2020, informó un patrimonio de más de USD 76 mil. En 2024, declaró un Impuesto a la Renta de USD 3 123,12.

Alexandra Villacís tiene un máster en Derecho Constitucional. En su experiencia laboral consta trayectoria en el ámbito privado, como docente, decano de la facultad de Derecho de la Universidad Espíritu Santo o en la Cámara de Comercio de Guayaquil.

En el ámbito público tiene mayor trayectoria, trabajó para la Corporación Nacional de Telecomunicaciones (CNT), desde 2005 a 2010. Luego, de 2012 a 2013, es decir, durante el gobierno de Rafael Correa trabajó en la Corporación Nacional de Electricidad (CNEL).

Durante el gobierno de Guillermo Lasso, Villacís fue Subsecretaria de Puertos y Transporte Marítimo y Fluvial, perteneciente al Ministerio de Transporte y Obras Públicas, entre 2021 y 2022.

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En 2023 asumió como Defensora del Pueblo de Guayas.

Entre los nombres también está el del actual presidente del organismo, Mario Godoy, que fue mocionado luego de que se identificó una inhabilidad para Edison Toro, lo que provocó expectativa de que pueda ser reelegido.

Godoy es Magíster en Derecho Administrativo y Contratación Pública, de hecho, su experiencia es principalmente en el sector público. Entre los cargos más importantes está como asesor en el Consejo Nacional Electoral en 2015 y entre 2017 y 2018, es decir, durante la administración de Juan Pablo Pozo y Nubia Villacís.

Durante el gobierno de Lenín Moreno ocupó una dirección en la Secretaría Anticorrupción y en la Unidad de Análisis Financiero (UAFE).

En el primer concurso del Cpccs para la vocalía en la Judicatura, recibió impugnaciones que lo señalaron como abogado defensor de narcotraficantes.

Se trataba de una defensa que hizo como abogado en libre ejercicio, a los hermanos Juan Pablo y Eduardo Larrea, vinculados en una investigación de incautación de avionetas, presuntamente vinculadas al narcotráfico. Godoy ha dicho que el patrocinio fue por un acto administrativo para rectificación en un medio de comunicación.

Sin embargo, la relación de con los Larrea no era solo laboral, sino que eran sus cuñados.

Godoy ha sido cuestionado por una aparente afinidad con el gobierno de Daniel Noboa.

Magaly Ruiz, Nicolás Burneo y Estuardo Salvador son las cartas de la Fiscalía General del Estado para el Consejo de la Judicatura.

Magaly Ruiz es magíster en Derecho Procesal, con mención en Derecho Penal. Desde 2017 a 2024 trabajó en el sector público, primero en la Procuraduría General del Estado y luego en la Fiscalía. Durante ese tiempo, su patrimonio pasó de USD 181 210,00 a USD 146 054,00.

Nicolás Burneo es magíster en Derecho Penal por la Universidad Andina Simón Bolívar. Su experiencia se centra principalmente en lo privado, aunque también trabajó como experto en la Fiscalía General del Estado. En el ámbito privado, fue director académico de la facultad de Derecho de la Universidad de las Américas.

Estuardo Salvador es magíster en Derecho Penal. Su experiencia se centra principalmente en el libre ejercicio, aunque, en 2006, fue director de consulta y asesoría legal del Consejo de Desarrollo de las Nacionalidades y Pueblos del Ecuador.

La Defensoría Pública postuló a Fausto Andrade, Wendy Moncayo y Alfredo Cuadros para la Judicatura.

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Andrade es magíster en Derecho Laboral. De 2012 a 2013 fue Coordinador Zonal del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos en la zona 4, durante el gobierno de Rafael Correa, ese cargo es de directa designación de la ministra, que en ese entonces era Johana Pesántez. En 2022 fue director provincial del Consejo de la Judicatura en Manabí, en el ámbito administrativo, cuando Fausto Murillo era el presidente del organismo.

Wendy Moncayo, magíster en Derecho Constitucional, fue directora nacional del Centro de Adolescentes Infractores del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, durante el gobierno de Rafael Correa, en la época en la que José Serrano era ministro. El último cargo fue como Coordinadora General de Gestión de la Defensoría Pública.

Alfredo Cuadros, máster en Propiedad Intelectual, ha trabajado principalmente en estudios jurídicos, pero también en el Instituto Ecuatoriano de Propiedad Intelectual.

El presidente Daniel Noboa escogió a Ivonne Núñez, Damián Larco y María Gabriela Vinueza para integrar la terna para el Consejo de la Judicatura.

Núñez es una de las personas del círculo de confianza de Noboa, desde noviembre de 2023 es ministra de Trabajo y bajo ese cargo lideró parte de la estrategia para retirar a Verónica Abad de la Vicepresidencia, al suspenderla por no presentarse en la Embajada de Turquía en la fecha indicada por el Presidente.

La jueza Nubia Vera consideró que los derechos de Abad fueron vulnerados, por lo que dispuso que el Ministerio de Trabajo coloque una placa con disculpas públicas. La primera que exhibió no era legible, por lo que tuvieron que reemplazarla.

Núñez es magíster en Derecho Constitucional y en Negocios Internacionales y Comercio Exterior, también es candidata a PhD.

Su trayectoria está en las cortes, en las salas de niñez y adolescencia, tránsito y contravenciones, así como en garantías penales. También ha trabajado en el servicio público en la Subsecretaría Jurídica del Ministerio de Economía o como asesora jurídica en la Contraloría General del Estado.

Damián Larco es abogado y economista, tiene máster en Sistemas de Información Gerencial y en Fiscalidad Internacional. Desde 2023 es director general del Servicio de Rentas Internas (SRI).

María Gabriela Vinueza es Ingeniera Comercial y magíster en Administración de Empresas con mención en Negocios Internacionales. Fue asesora en el Municipio de Quito, en la administración de Pabel Muñoz. Además, fue servidora pública del Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como del Ministerio de Inclusión Económica y Social, durante la administración de Lenín Moreno.

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Los tres nombres de la Asamblea Nacional fueron electos por el bloque mayoritario de ADN.

Fabián Fabara es egresado de la maestría de Derecho Constitucional, es presidente de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha y juez de una sala. Fue director provincial del Consejo de la Judicatura en Cotopaxi.

María Emilia Grijalva es máster en Derecho del Comercio Internacional. Ha ejercido como abogada en centros de arbitraje. Fue Directora de Protección a la Inversión de la Secretaría de Inversiones Público-Privadas durante el gobierno de Daniel Noboa.

Carlos Espinoza es Máster en Gestión de la Responsabilidad Social, Coordinador zonal 1 del Ministerio de la Mujer, durante el gobierno de Daniel Noboa.