La Ley de Solidaridad Nacional llega a primer debate con la mitad del contenido propuesto en la Ley de Economías Criminales

Este viernes 30 de mayo de 2025 se desarrollará el primer debate del proyecto económico urgente enviado por el Ejecutivo como Ley de Economías Criminales y rebautizado por la Asamblea Nacional como Ley de Solidaridad Nacional. El objetivo es recoger los aportes en el Pleno para construir el documento final que pasará a segundo debate.

Hasta hoy, el proyecto cuenta con el apoyo necesario para ser aprobado, se han sumado los tres votos del Partido Social Cristiano, unos cinco de Pachakutik, y cuatro legisladores independientes.

Mientras que en la Revolución Ciudadana las posturas alrededor de la ley provocaron un sismo interno.

El presidente Daniel Noboa remitió el proyecto de ley económica urgente el 17 de mayo de 2025 y el informe para primer debate fue aprobado, en la Comisión de Desarrollo Económico, el 27 de mayo.

Durante esos días, la mesa legislativa recibió las observaciones de expertos y de las autoridades del ramo, por ejemplo, Gian Carlo Loffredo, ministro de Defensa Nacional; John Reimberg, ministro del Interior; el general Pablo Dávila, comandante general de la Policía Nacional; y el general Jaime Vela, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.

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Producto de esas intervenciones, los asambleístas identificaron que la ley, tal como llegó, podría ser observada por la Corte Constitucional, por eso, el mismo oficialismo ha acogido cambios sustanciales.

El primero fue el nombre, pasó a llamarse Ley de Solidaridad Nacional, argumentando que la norma contempla donaciones de equipamiento y suministros, por parte del sector privado, para la protección interna y mantenimiento del orden público, a cambio de rebajar el impuesto a la renta.

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El documento trabajado en la Asamblea elimina el artículo relacionado con los efectos del reconocimiento del conflicto armado interno, en el que se estipulaba un régimen específico de medidas que podían ser dictadas por el Presidente.

Elimina los capítulos relacionados con la protección de personas y bienes, en el que se establecía a los ciudadanos que no son objetos de combate; con las funciones del bloque de seguridad, en el que se otorgaba la posibilidad de determinar medidas económicas para desarticular a las economías criminales, la recolección de información de inteligencia de grupos armados o establecer una estrategia de comunicación unificada para informar a la población.

La propuesta inicial contemplaba que ese bloque sea liderado por el Presidente de la República y que sea la instancia encargada de planificar y ejecutar operaciones contra los grupos armados. Sin embargo, los expertos consideraron que supliría las funciones del Consejo de Seguridad Pública.

El informe también retira el establecimiento de zonas de seguridad, entendidas como el espacio territorial en el cual exista una regulación especial. Se elimina el régimen de transición hacia la paz y el estado de paz y se llama simplemente régimen de transición al estado ordinario, que básicamente es el fin del conflicto armado interno.

Es decir, el contenido se redujo considerablemente, pasando de 32 artículos a 14.

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En los que la Asamblea se mantuvo, también hay cambios sustanciales. Por ejemplo, en la propuesta de la Asamblea se incluye como propósito de la ley el fortalecer a las fuerzas del orden.

Sobre la declaratoria de conflicto armado interno, el informe para primer debate conserva la posibilidad de que el Mandatario pueda reconocer la existencia mediante un decreto ejecutivo, pero aclara que es diferente al régimen de estado de excepción y limita la posibilidad de que el Presidente emita otros decretos complementarios.

Se mantiene el indulto presidencial anticipado, pero concluido el tiempo legal de la fase pre procesal o en etapas siguientes, sin que exista sentencia condenatoria ejecutoriada

En cuanto a los bienes de grupos criminales, la Comisión de la Asamblea mantiene en el primer borrador la autorización a las fuerzas del orden de declarar objetivos militares a muebles e inmuebles que estén relacionados con las actividades ilícitas.

Así mismo, se mantiene la facultad de que los allanamientos en el contexto de conflicto armado sean sujetos a control posterior de un juez especializado y la institución a cargo debe emitir un documento justificando la acción en un plazo de 24 horas.

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El asambleísta de la Revolución Ciudadana, Blasco Luna, espera que este viernes se dé un ambiente propicio para que puedan exponer sus propuestas en el Pleno, es decir, que les permitan participar. Cree que es necesario regular el poder que se le otorga a las fuerzas del orden.

Sin embargo, la ley ya provocó un remezón al interior de la bancada, incluso la expulsión del legislador Sergio Peña, quien votó a favor del proyecto de ley en la Comisión, argumentando que no va a dar cabida a una oposición sin argumentos.