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Con toda razón, la familia de Villavicencio reclamará que la impunidad vuelve a este caso. Si la Fiscalía sostiene que Serrano y Jordán están detrás del magnicidio, lo lógico -por la trascendencia del tema y el gran poder de estos personajes- era disponer la prisión preventiva.
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Amanda y Tamia Villavicencio, previo a la audiencia de formulación de cargos en el caso Villavicencio en el Complejo Judicial. ( )
Que la jueza María Daniela Ayala no haya dispuesto la prisión preventiva para Xavier Jordán y el exministro del correísmo José Serrano, dentro del caso por el asesinato a Fernando Villavicencio, es un hecho del que emanan varias lecturas.
Una de ellas tiene que ver con el respiro judicial que José Serrano logró, pues si la oficina migratoria de EE.UU. dispone su libertad -está detenido por esos asuntos-, solo tendrá que presentarse periódicamente en el consulado ecuatoriano en Miami, mientras concluye el juicio por el crimen en el que la Fiscalía lo acusa como autor intelectual.
La misma diligencia deberá cumplir Jordán, a quien varios dedos señalan por actividades ilícitas de alto calado.
Es claro que ni la Fiscalía ni el Gobierno podrán exhibir a Serrano como un logro en la lucha contra la impunidad. Era evidente la estrecha coordinación entre las autoridades migratorias y judiciales de los dos países para que, en el marco de su detención en Miami, se pudiera avanzar en el caso Villavicencio, por ejemplo, con una orden de prisión preventiva que hubiera sido fácil ejecutar si EE.UU. decide deportarlo.
Esta hoja de ruta queda en el aire y aquí aparece la segunda lectura. Con toda razón, la familia de Villavicencio reclamará que la impunidad vuelve a este caso. Si la Fiscalía sostiene que Serrano y Jordán están detrás del magnicidio, lo lógico -por la trascendencia del tema y el gran poder de estos personajes- era disponer la prisión preventiva.
La fiscal Ana Hidalgo dirá que la jueza Ayala minimizó sus argumentos para justificar esta medida. Y no faltarán los analistas que adviertan que la magistrada benefició a Serrano y Jordán de forma sospechosa e inaceptable.
De todas maneras, hay un hecho que no se puede soslayar. En agosto del año pasado, la familia del candidato asesinado pidió a Diana Salazar que reorientara las investigaciones cambiando de fiscal. Pero ella señaló en Contacto Directo, que la fiscal Hidalgo era proba y la persona encargada de llevar adelante toda la instrucción.
¿Cuál será la reacción de las hijas de Villavicencio? ¿Y cuál, la de Verónica Sarauz, su exesposa, muy crítica de la Fiscalía?
Es evidente el retroceso que esta tarde experimentó este caso tan doloroso y fundamental a la hora de entender la penetración de las mafias en el Estado y en la política, ya sea porque la Justicia aún protege a personas con tanto poder o porque el caso, simplemente, no ha sido debidamente sustentado.
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