Premio para Abdalá Bucaram

Otra vez, el destino juega a favor del expresidente de la República. Mientras jueces y cortes han logrado que la mayoría de investigaciones en contra de Abdalá Bucaram y su familia queden en el olvido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) dio plazo al Estado ecuatoriano para que en tres meses justifique las razones de la declaración de incapacidad mental y su destitución como presidente de la República, en 1997, a través de un juicio político exprés donde no tuvo derecho a la defensa.

Obvio que nada tiene que ver el proceso que adelanta la CIDH con la serie de denuncias, acusaciones e investigaciones que la Justicia ecuatoriana ha seguido en contra de Bucaram por otros temas. Lo que llama la atención es que los estamentos internacionales, que de por sí son largos y engorrosos, avanzan más rápido y con mayor probidad, que aquellos que la justicia ecuatoriana tiene sobre sus espaldas.

Cabe, por un momento, dejar de lado los casos Mochila Escolar y Gastos Reservados que prescribieron en 2017, porque Abdalá Bucaram se autoexilió en Panamá durante 20 años, luego de perder su cargo. En 1997, regía la Constitución de 1978 y las leyes penales determinaban que los delitos de peculado tenían fecha de caducidad, figura que se volvió imprescriptible a partir de 1998.

Tras su regreso a Ecuador, Bucaram y su familia fueron investigados en 2020 por supuestamente ser parte de una enredadísima trama de corrupción que ha matado al sistema de salud, donde mandan las mafias y se enriquecen pillos y criminales.

Uno de ellos, es Daniel Salcedo, condenado por corrupto. Fue pública y notoria su cercanía con la familia Bucaram. De hecho, los hijos Michelle y Dalo, así como su esposa Gabriela Pazmiño se alojaron en la casa de Salcedo en Miami luego de que la Fiscalía les abrió un expediente por el caso de los insumos médicos.

Eran los meses del azote de la pandemia, cuando la avioneta de la familia de Alfredo Adum, alto cuadro del PRE, en la que escapaba Salcedo rumbo al Perú, se estrelló, haciendo posible su detención. En aquel momento, Abdalá Bucaram se refirió al detenido como “un joven empresario que ha triunfado en su vida lentamente desde abajo”.

Está pendiente que un tribunal penal avance en otro juicio contra el expresidente y su hijo Jacobo, entre otros implicados, por el presunto delito de delincuencia organizada por la venta de insumos médicos y por su oferta de interferir en decisiones judiciales. Hubo siete diferimientos para que el proceso arrancara en abril pasado.

La suerte final del exmandatario aún está por verse, pero como la justicia es estratégicamente tan lenta en este tipo de casos, hay quienes aseguran que puede venir más rápido la orden para que el Estado indemnice a Abdalá Bucaram por su destitución en 1997, para la que él pide 200 millones de dólares. Así nomás.

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