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Tabacundo, lunes 29 de septiembre de 2025. Una camioneta con flores.( )
Mientras el Gobierno espera que el paro indígena en Imbabura muera por inanición, la Conaie anuncia que mantendrá la medida, con plena consciencia de que esta no va a ninguna parte.
En el medio está la gente de a pie que tanto el Presidente de la República como la dirigencia indígena dicen representar y defender.
Lo que la prensa y las redes sociales han registrado en las últimas horas es, simplemente, inaceptable.
Obligar a que a punta de amenazas los comerciantes de Atuntaqui no abran sus almacenes es haber degradado el sentido social y reivindicativo de una protesta. La Conaie tiene que hacerse responsable de este maltrato odioso a gente que con su trabajo y sus ganancias ha hecho de esa ciudad, así como de Cotacachi, Otavalo o Cayambe centros virtuosos de emprendimiento, innovación y prosperidad.
No cabe la victimización ni eludir culpas. Su sinrazón y la agresividad de quienes protestan en su nombre ya es una característica registrada desde los estallidos de 2019 y 2022.
Y en aras de términos como justicia indígena o el derecho político a manifestarse, se diluyen actos sobre los cuales las autoridades debieran proceder.
¡A cuenta de qué se debe permitir que un bandido hiera a una mujer con un arma tipo azadón por subirse a una moto para retomar sus actividades!
¡Cómo es posible que a la organización que supuestamente defiende la esencia del trabajo en el campo no le importe que cientos de litros de leche se desperdicien porque no hay como repartirlos por los bloqueos!
No hay humanidad ni empatía en su lucha, por eso esta vez el paro seguirá en un punto muerto.
Sin que condene ni evite este tipo de agresiones, difícilmente el señor Marlon Vargas podrá alegar que hay “autoritarismo y racismo” por parte del Gobierno.
Si el lunes pasado, la injustificada represión militar mató a un comunero, hecho que todo el país debe exigir que se investigue hasta las últimas consecuencias, los reportes de vandalismo y exceso en quienes siguen en el paro debilitan esa consigna, porque evidencian su comportamiento fuera de toda razón.
En este punto de la discusión ayudan muy poco las destempladas apreciaciones de una jurista que cree que con asumirse ancestral y creer que con ello no cabe rendir cuentas a la democracia, se puede llamar retención al secuestro de 17 militares que fueron heridos y humillados y por quienes, cual vacunadores, se pedía dinero.
Es una lástima que la Conaie no replantee políticamente su lucha y canalice toda su fuerza a temas indispensables de su agenda de reclamos frente al Estado: la inclusión financiera, proyectos de tecnificación agropecuaria, redes de comercialización y exportación o capacitación en habilidades empresariales que potencien el inmenso trabajo de su gente.
Si el paro muere sin ningún resultado positivo, a costa de tantas semanas sin comercio ni turismo, el Gobierno y la Conaie tendrán que dar explicaciones sobre esta estela de víctimas que, como se ha visto, no está representada por nadie. Solo pesa la indolencia.
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