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Una manifestación en la Corte Constitucional.( )
La idea, de momento, se circunscribe a unos cuantos periodistas y activistas que se creen influencers. El mismo día, a la misma hora y por la misma red social se les ocurrió decir que la Corte Constitucional es el peor obstáculo que enfrenta el país en su deseo de progresar. En consecuencia, hay que eliminarla, reduciendo sus funciones o su alcance a una sala más de la Corte Nacional de Justicia.
Si no fuera por la orquestación perfectamente planificada de este mensaje, la idea en sí sería un chiste de pésimo gusto. Sin embargo, el bullying en contra de esa institución puede ser el primer paso de una reforma que, de no ser analizada y debatida con absoluto pluralismo, espíritu democrático, cabeza fría y objetividad, causará lesiones letales para el Ecuador.
¿Qué no gusta de la Corte Constitucional a sus detractores? ¿Que se convierta en el único cable a tierra que morigere la acciones del Gobierno, ahora que este parece controlarlo todo?
¿Acaso no se aplaudió la solvencia alcanzada por esa institución tras la consulta popular de 2018 y el mandato de Julio César Trujillo en el Cpccs-Transitorio, al blindar las reformas que descorreizaron el Estado?
Ahora argumentan que tiene un supuesto poder desmesurado que no es otra cosa que la fuerza de una institución para equilibrar las políticas públicas y velar por el cumplimento de los derechos.
No se puede negar que desde la Constitución de 1998, cuando se consolidó el Tribunal Constitucional, o desde Montecristi, diez años después, la ahora convertida en Corte cometió muchos errores políticos.
Por ejemplo, ser una instancia obsecuente a Rafael Correa, algo que le cuestionó con fuerza en su momento. ¿Por qué el entreguismo de entonces estuvo mal y ahora, cuando hay más autonomía, la ‘funan’ ante la posibilidad de que tumbe las leyes del Gobierno que se aprobaron inadvirtiendo las reglas del juego legislativo?
Es verdad que la Corte Constitucional fue parte del entramado político que precipitó el fin del gobierno de Guillermo Lasso, cuando apenas llevaba dos años en el poder; o que no tomó en cuenta los riesgos financieros que ahogan al país por aprobar, con 10 años de desfase, la consulta sobre el Yasuní.
Sin embargo, el debate que figuras importante del país deben dar, sobre el futuro de la Corte, es que los actores institucionales la respeten propugnando su independencia incuestionable frente a cualquier gobierno.
No se trata de aplaudir la desaparición de la Corte Constitucional o su reducción a la mínima expresión, como si se tratara de cualquier ministerio.
El debate, por una sola vez en la vida, deber ser serio, pensando en el futuro de la democracia. Y si ese es el camino, entonces hay que plantear una Asamblea Constituyente, donde todos los sectores tengan presencia, voz y voto.
Lo que ahora se ha visto en redes, con toda seguridad, será objeto de burla en países cercanos como Colombia, donde a ningún desubicado se le ocurriría tumbarse la Corte Constitucional. Imagínense lo que pensarán en naciones como Uruguay, Costa Rica, Chile o Francia.
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