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Asamblea Extraordinaria autoconvocada por los presidentes de las nacionalidades base, el 18 de octubre.( )
Los errores en política son altamente costosos y tras un mes de paralizaciones es posible que el movimiento indígena tenga que pagar sus equivocaciones con una altísima factura.
Esta, estimados lectores, es una hipótesis sensible y muy delicada, pero cabe ser apuntada. Tantos días de desorden organizativo y vacío en sus liderazgos ha hecho que la Conaie y los representantes de las organizaciones de Imbabura perdieran la iniciativa, al punto de que su pliego de peticiones es confuso y altamente demagógico.
Por un lado, está la negativa absurda de abrir las vías de esa provincia para garantizar a las ciudades y comunidades imbabureñas cierto respiro. Cuatro semanas de bloqueo, donde no ha habido comercio, turismo ni transporte de mercancías y productos de exportación, dejan un balance imperdonable.
Nada justifica que medio millón de imbabureños estén condenados a no trabajar, a no poder abastecerse y a tener que pagar por artículos vitales como el gas, con una especulación digna de ser sancionada con cárcel.
La intransigencia de los indígenas no tendrá respaldo en el resto de la población y eso, en política, es muy difícil de recuperar.
Por otro lado, están las declaraciones carentes de toda lógica posible, del presidente de la Conaie, Marlon Vargas, quien pide la elevación del salario mensual a 650 dólares y que las organizaciones amazónicas reciban dos dólares por cada barril de petróleo.
En buen romance, el líder de un grupo que por años se ha opuesto al extractivismo hoy quiere que el Estado le financie con plata del petróleo.
El deterioro conceptual, democrático y político del movimiento indígena hará que la tesis del Gobierno cale mejor en el resto de la población ecuatoriana. Y, lo más grave y lamentable de todo, que cualquier operación que por la fuerza impulse el régimen para sacar a Imbabura de su secuestro sea tolerada por el país.
Si ello ocurre, las culpas tendrán que repartirse entre todos los actores del conflicto. Ha pasado un mes sin que estos sectores en protesta desarrollen un argumento contundente que explique la necesidad de que el presidente Noboa tumbe el decreto con el que eliminó el subsidio al diésel.
Y, en su lugar, se ha dado el inédito secuestro de una provincia cuyas pérdidas económicas, amenazas a su integridad y daños sicológicos no se pueden maquillar con el discurso de siempre de las organizaciones indígenas apelando al racismo, al odio y a la exclusión en su contra.
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Simplemente, es una posición agotada que todo el músculo intelectual, jurídico y de activistas que rodea a este sector no ha sabido moderar y renovar, abonando al desgaste.
Qué se les va a ocurrir, a todo este sector, plantear una cruzada por erradicar la desnutrición crónica infantil que tanto impacta en sus hogares.
Era mucho más estratégico que, en lugar de haber martirizado a Imbabura todos estos días, se plantee el castigo a Noboa vía consulta popular.
Pero todo este errático procedimiento quizá termine por consolidar la agenda de Noboa y eso es será un problema.
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