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Imagen de archivo de protestas en Cayambe.( )
Ecuador está a un mes de celebrar una nueva consulta popular; la décimo cuarta, con carácter nacional, desde 1978. Y si el Gobierno no aplaca el paro en Imbabura, que entrará al día 24, esta cita corre el riesgo de celebrarse en medio de movilizaciones.
Lo que afirmo en el newsletter de esta noche, estimados lectores, no es una exageración. El presidente colombiano, Iván Duque, soportó tres meses de protestas en sectores rurales entre noviembre de 2019 y dinero de las mafias, el narcotráfico y la minería ilegal, para insuflar el paro y ahorcar febrero de 2020. Solo la pandemia frenó la agenda de miles de campesinos y sectores indígenas exigiendo reivindicaciones justas que, lastimosamente, recibieron un perverso combustible proveniente del al Régimen...
Esta historia quizás valga contarse en otro momento, pero ahora cabe volver a la reflexión inicial: la cercanía entre el paro actual y la consulta dentro de cuatro semanas.
Para muchos, este calendario puede ser motivo de tensión y fuente de un inmenso miedo político. Pero si las partes inmersas en el conflicto que aterroriza a Imbabura se mueven con sentido democrático, esa consulta popular puede ser la válvula de escape que el país necesita.
La opinión pública y buena parte de las instituciones y sectores sensatos del Ecuador están en capacidad de plantear al presidente Daniel Noboa y a la dirigencia indígena que el paro culmine y que su fuerza política se traslade a las urnas y se abra la vía hacia la instalación de una Asamblea Constituyente donde Gobierno, los movimientos sociales y el resto de organizaciones políticas planteen una visión consensuada del país para los próximos años.
Se entiende que a la Conaie le importa sobremanera que su lucha no quede desdibujada por la sombra del terrorismo y que, dando un paso hacia la consulta y la constituyente, dejaría solo al crimen organizado que, con el dinero de la minería ilegal, por ejemplo, ha desbordado la violencia escondiéndose en el manto de las justas reivindicaciones.
Lea también: Presidente: dos pasos para desactivar el paro
Si a Diana Atamaint, dirigente indígena de tanta trayectoria, hoy presidenta del Consejo Nacional Electoral, plantea al país un estatuto de constituyente innovador e incluyente, los reclamos represados de tantos sectores pueden tratarse en el seno de un debate democrático, donde se decida su financiamiento y el manejo inteligente de la riqueza nacional.
Cualquier idea, dentro de la sensatez y el respeto por la ley, salvará vidas. El país no merece sucumbir ante enfrentamientos insensatos donde nadie, a esta hora, tiene razón.
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