La batalla (final) de Mahuad

La situación es la siguiente: en unos días más, la Corte Constitucional tendrá que pronunciarse sobre la Acción Extraordinaria de Protección planteada por la defensa del expresidente de la República en torno la sentencia de 12 años de prisión que pesa en su contra por el congelamiento bancario de 1999.

Si los magistrados aceptan el recurso, la sentencia quedaría anulada en su fase de casación (última instancia), para que la Corte Nacional de Justicia revise el dictamen y formule uno nuevo. Es decir, se abriría una puerta para que el caso Mahuad se cierre a su favor y él pueda volver al país y reunirse con su madre de 100 años, a la que, por su edad avanzada, solo puede verla por Zoom.

En la entrevista de este martes con Teleamazonas, el expresidente mostró, por primera vez en 25 años de exilio, el lado más personal de su situación jurídica. Dijo que durante un cuarto de siglo no ha podido disfrutar de su país y sus amigos; que la situación de su madre lo aflige; pero, sobre todo, que nunca ha sentido a la justicia ecuatoriana operar con objetividad en su caso. Y que, por ello, piensa demandar al Estado en cortes internacionales.

Sin desconocer la grave crisis bancaria que estalló en su gobierno, Mahuad pide a la Corte, mirar los hechos con cabeza fría. Así asegura que el decreto de marzo de 1999, con el que congeló por un año los depósitos bancarios, fue una medida económica, polémica, sí, pero que no supone peculado o robo a su favor, porque el dinero jamás salió de las entidades financieras para enriquecer alguna cuenta personal, en su beneficio.

Advierte que si la Contraloría General del Estado, tal y como mandaba la Constitución de 1998, no demostraba el desfalco de recursos públicos no era posible procesarlo por peculado. Y que su cabeza, por la polémica y trágica medida del congelamiento, fue el trofeo de los políticos que lo sucedieron, a tal punto de que la Justicia ha preferido mirar a un lado con tal de no fallar en derecho en este caso.

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Incluso reclama que lo hayan condenado a 12 años cuando la pena máxima para ese delito en la legislación de entonces era solo ocho. Esta es la verdad de Jamil Mahuad y ahora la Corte Constitucional tiene en sus manos la posibilidad de analizar su caso con absoluto apego jurídico, sin cálculo político.

La recusación al titular Jhoel Escudero es una señal que describe la desconfianza del exmandatario en el proceso. Sus magistrados han logrado en los últimos meses que el país los defienda institucionalmente. La gente nunca se tragó el cuento de que ellos eran enemigos del país porque revisaban las leyes del presidente Daniel Noboa. Y cuando se planteó la posibilidad de que la fuerza de la Corte sea revisada en una Asamblea Constituyente, los ciudadanos dijeron No en la consulta del 16 de noviembre.

Hay por, tanto, un espacio para que el caso Mahuad se analice, por primera vez, con cabeza fría sobre la base de los hechos. La defensa del expresidente ha pedido que, en esta ocasión, la Corte ratifique dos líneas de trabajo que, desde 2021, han sentado jurisprudencia: el derecho al debido proceso sobre las bases de la motivación jurídica; y el estándar de suficiencia como principio rector de la materia penal.

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En castellano simple: que se revisen los hechos fácticos a los que Mahuad recurre, en la Acción Extraordinaria de Protección, para cuestionar los argumentos de los jueces de la Corte Nacional que reafirmaron su sentencia en la etapa de casación. Mahuad se juega su última carta y está decidido a dar pelea.