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En casi dos años de gobierno del presidente Daniel Noboa se podría decir que el gran eje de su política pública (o mejor dicho, de gestión administrativa) es la expansión de los bonos para sectores que, se supone, son los más vulnerables y necesitados del país. Hace un par de semanas, en Ecuavisa, identificamos que, en solo 22 meses, el mapa de estos beneficios se duplicó de siete a 14.
Y que, entre bonos fijos, como el de Desarrollo Humano, y los temporales como Jóvenes en Acción, el Estado destina 1.845 millones de dólares cada año.
No solo eso, la eliminación del subsidio al diésel estuvo acompañada de 18 compensaciones que, grosso modo, equivalen al 86% de lo que el fisco se ahorrará con la medida: 1.100 millones por año.
En la entrevista del 26 de septiembre, el Primer Mandatario también señaló que el plan era mantener posiblemente por 8 y hasta 12 meses estas compensaciones, sin descartar que podría extenderlas por más tiempo.
Si partimos del hecho de que Noboa debe gobernar por 66 meses (hasta mayo de 2029), con estos cálculos es fácil concluir que los bonos permanentes, temporales y las compensaciones por el alza del diésel, fácilmente, llegarán hasta el mes 32 de su período. Casi casi, la mitad.
En Ecuador, el plan de transferencias directas a grupos vulnerables cumplió ya 27 años; y lejos de que este esquema haya sacado a millones de la pobreza, ha constituido una herramienta poderosa para extender el clientelismo, presidencia tras presidencia.
El régimen de Noboa está decidido a continuar con esta política, sobre la cual es necesario hacer contabilidad y determinar el verdadero impacto en las arcas presupuestarias.
Y, por supuesto, advertir que su efecto de contención política para evitar que transportistas e indígenas se movilicen con paralizaciones estruendosas, no durará para siempre.
La bonocracia no puede volverse en la única forma de gobernar un país, pues hay que ponerlo a producir.
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