08 jul 2019 , 09:49

Asambleísta Villamar presenta juicio contra Tuárez

Cuatro causales llevarían al titular de CPCCS a juicio político, con 57 firmas de respaldo

(ACTUALIZADO A LAS 12H00 DEL 8 DE JULIO DE 2019

CON DECLARACIONES DE CÉSAR LITARDO) 

Cuatro causales y 57 firmas de respaldo presentó este lunes 8 de julio de 2019 el asambleísta del movimiento CREO, Fabricio Villamar, como sustento de su solicitud de juicio político al presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), José Carlos Tuárez.

En rueda de prensa, el legislador detalló cada una de esas causales. La primera: violación a la prohibición expresa que establece la Ley de Consejo de Participación Ciudadana, que señala que están prohibidos de desempeñar el cargo si son de las Fuerzas Armadas o representantes de cultos religiosos. "Se acompañan las pruebas obtenidas por representantes de la Iglesia", dijo.

 

Revise: Tuárez no constó como sacerdote en su inscripción

 

Asimismo, sostuvo Villamar, el titular del Consejo ha incumplido el artículo 208 numeral 4 de la Constitución. "Sobre Tuárez pesan varias denuncias por incumplimiento de funciones, como el no haberse excusado, en tanto es miembro de culto religioso, cuando tenía que hacer una investigación al respecto, que hemos solicitado la información, el Consejo de Participación, presidido por Tuárez, no ha iniciado las investigaciones correspondientes".

 

Según el asambleísta, con base en el artículo 2 de la Ley de Participación Ciudadana, el funcionario "afecta la ética laica que debería orientar sus acciones y la disposición constitucional de que esta es una república laica".

 

Finalmente, agregó, Tuárez carece de la probidad necesaria para ejercer las funciones de transparencia que le corresponden. "Una persona sobre la cual pesan las denuncias como sobre Tuárez, no tiene la transparencia necesaria ni la probidad que la república requiere para los funcionarios".

 

Villamar entregó la documentación de sustento en la ventanilla de gestión documental de la Asamblea Nacional, luego de lo cual el Consejo de Administración Legislativa (CAL) deberá verificar el cumplimiento de requisitos y en función de eso remitir, el proceso a la comisión de Fiscalización, que avocará conocimiento del trámite.

 

 

Sobre este pedido, César Litardo, presidente de la Asamblea Nacional, manifestó que actuará con la celeridad del caso. "Toda iniciativa de juicio político tiene que tener un dictamen previo de la Unidad Técnica Legislativa, nosotros vamos a actuar a la brevedad posible, en el caso de la exministra de Salud lo hicimos de esa manera".

 

También reveló cuál será la posición de la bancada de Alianza PAIS. "Vamos a evaluar cuáles son las pruebas que existen, si es que en este procesamiento de juicio político se determina que hay falta de probidad, falsificación de documentos, si es que hizo uso de una participación política cuando estaba con una prohibición expresa, al ser parte de la Iglesia como tal, si se comprueba todo esto, apoyaríamos este proceso de juicio político".

 

En una presentación relámpago ante la comisión de Participación Ciudadana, Tuárez aseguró que él no es sujeto de fiscalización ni de juicio político. "... Por acciones anteriores a mi posesión, por personas que buscan protagonismo político, realizando denuncias sin sustento, mal intencionadas, sin fundamentos e improcedentes, para lo cual se me ha convocado, por lo cual me permito retirarme".

 

Litardo cuestionó esta actuación. "Hubo una clara falta de respeto hacia la Asamblea, hay que dividir en dos lo que es un control político de un juicio político. Lo que la Asamblea estaba haciendo en ese momento era un control político, claro, permitido en la ley y que demanda una obligatoriedad a la autoridad que es sujeta de control político, a hacer la comparecencia".

 

A esa mesa legislativa también acudió Diana Atamaint, presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), quien aclaró que la "única inhabilidad" que detectó la comisión verificadora fue ser "afiliados, adherentes o dirigentes de partidos o movimientos políticos, durante los últimos cinco años", pero que tras la impugnación respectiva, el pleno del organismo inscribió su candidatura en noviembre de 2018.

 

A Tuárez se lo señala por presuntamente haber falsificado documentos al momento de inscribir su candidatura. Asimismo, afronta observaciones por el manejo de varios bienes de los que se deshizo tras ganar las elecciones.

 

 

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