Glas, entre acusados por Fiscalía en caso Singue

Por peculado, también fueron acusados Yannuzzelli, Pástor y su hija Silvana.

  • Por peculado, también fueron acusados Yannuzzelli, Pástor y su hija Silvana. Foto: API
23 Septiembre, 2019, 7:35 pm
Por: Televistazo 
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, acusó el lunes 23 de septiembre de 2019 en calidad de autores del delito de peculado a los 15 procesados por la supuesta concesión irregular del campo petrolero Singue.
 
Entre los acusados están el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli.
 
 
También está involucrada una hija del exministro Pástor, Silvana Pástor, que ahora ocupa una vicepresidencia financiera en la compañía beneficiaria del contrato.
 
Según la fiscal general los 15 procesados tendrían alguna vinculación en el contrato firmado en abril de 2012. Entre ellos están Glas, quien a la fecha era ministro coordinador de Sectores Estratégicos.
 
También Carlos Pareja Yannuzzelli, quien actúo como viceministro de Hidrocarburos.
 
Wilson Pástor, quien fue ministro de Recursos no Renovables y asistió a la audiencia, insistió en que el contrato no fue irregular.
 
 
En el caso, también fue acusada como autora la hija del exministro, Silvana Pástor, quien 15 días después de la firma del contrato cuestionado, ingresó a trabajar a Gente OIL, empresa beneficiaria, y ahora es su vicepresidenta financiera. 
 
Los 11 procesados restantes son exfuncionarios públicos y privados relacionados con la concesión.
 
Harrison Salcedo, abogado de Glas, considera que este es un caso político que en su momento impulsó la exfiscal general Ruth Palacios por interés personal.
 
Tras la acusación de la fiscal general, ahora está en manos del juez nacional Iván Saquicela la decisión de un posible llamado a juicio para los procesados.
 
 
Pasadas las 19H00 del lunes 23 de septiembre de 2019, el juez Saquicela suspendió la diligencia que comenzó desde la mañana. La audiencia preparatoria de juicio se reinstalará a las 09H30 del martes 24 de septiembre de 2019.
 
La tarifa por barril de petróleo en el contrato fue de 33,5 dólares, pero según Contraloría debía ser de 32,45. Una pericia contable establece un posible perjuicio al Estado de 28,5 millones de dólares.
La fiscal general del Estado, Diana Salazar, acusó el lunes 23 de septiembre de 2019 en calidad de autores del delito de peculado a los 15 procesados por la supuesta concesión irregular del campo petrolero Singue.
 
Entre los acusados están el exvicepresidente Jorge Glas y los exministros Wilson Pástor y Carlos Pareja Yannuzzelli.
 
 
También está involucrada una hija del exministro Pástor, Silvana Pástor, que ahora ocupa una vicepresidencia financiera en la compañía beneficiaria del contrato.
 
Según la fiscal general los 15 procesados tendrían alguna vinculación en el contrato firmado en abril de 2012. Entre ellos están Glas, quien a la fecha era ministro coordinador de Sectores Estratégicos.
 
También Carlos Pareja Yannuzzelli, quien actúo como viceministro de Hidrocarburos.
 
Wilson Pástor, quien fue ministro de Recursos no Renovables y asistió a la audiencia, insistió en que el contrato no fue irregular.
 
 
En el caso, también fue acusada como autora la hija del exministro, Silvana Pástor, quien 15 días después de la firma del contrato cuestionado, ingresó a trabajar a Gente OIL, empresa beneficiaria, y ahora es su vicepresidenta financiera. 
 
Los 11 procesados restantes son exfuncionarios públicos y privados relacionados con la concesión.
 
Harrison Salcedo, abogado de Glas, considera que este es un caso político que en su momento impulsó la exfiscal general Ruth Palacios por interés personal.
 
Tras la acusación de la fiscal general, ahora está en manos del juez nacional Iván Saquicela la decisión de un posible llamado a juicio para los procesados.
 
 
Pasadas las 19H00 del lunes 23 de septiembre de 2019, el juez Saquicela suspendió la diligencia que comenzó desde la mañana. La audiencia preparatoria de juicio se reinstalará a las 09H30 del martes 24 de septiembre de 2019.
 
La tarifa por barril de petróleo en el contrato fue de 33,5 dólares, pero según Contraloría debía ser de 32,45. Una pericia contable establece un posible perjuicio al Estado de 28,5 millones de dólares.
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