19 jun 2019 , 06:54

'Arroz verde': Mera y Duarte afrontan proceso por 3 delitos

Así lo resolvió la jueza Daniella Camacho en audiencia de reformulación de cargos.

Durante la audiencia de reformulación de cargos contra el exsecretario jurídico de la Presidencia, Alexis Mera, y la exministra de Transporte y Obras Pública, María de los Ángeles Duarte, la Fiscalía General del Estado pidió a la jueza Daniella Camacho que las 2 causas dentro del caso 'Arroz verde' se acumulen en una sola por los de delitos de cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias. Pedido que fue aceptado por la magistrada.

 

 

 

Tuit Corte Nacional

 

 

 

 

La fiscal general Diana Salazar pidió que Mera, Duarte, la ex asesora jurídica de Rafael Correa, Pamela Martínez, y la exasistente de Martínez, Laura Terán, respondan en un solo proceso jurídico. 

 

 

 

 

Mera y Duarte eran procesados por el delito de concusión, dentro de la investigación por supuestos aportes irregulares a las campañas de Alianza PAIS, cuyo caso se denomina 'Arroz verde'. 

 

El pedido de la fiscal general Diana Salazar para la reformulación de cargos se conoció la tarde del 13 de junio de 2019, y fue acogido por la jueza nacional Daniella Camacho.

 

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Mera cumple desde el 1 de junio de 2019 prisión preventiva, mientras que a la exministra Duarte le dictaron otras medidas, como uso de grillete electrónico y presentación periódica ante la autoridad. 

 

Desde la cárcel, a través de una carta, el exfuncionario del Gobierno de Rafael Correa, señaló que no hay ninguna prueba adicional en su contra y que Martínez lo acusa por presiones. 

 

La Corte Provincial de Pichincha negó el miércoles 29 de mayo de 2019 los recursos de apelación presentados por la defensa de Pamela Martínez y Laura Terán, y ratificaron la prisión preventiva dentro del caso 'Arroz verde'.

 

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Ellas son investigadas por presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias debido a que existirían irregulares aportaciones a las campañas correístas electorales de 2013 y 2014, por parte de empresas vinculadas contractualmente con el Estado (entre ellas Odebrecht), a través de un intrincado proceso de pagos en efectivo y cruce de facturas, según explicó en un boletín la Fiscalía. 

 

La Fiscalía General del Estado abrió una investigación tras un reportaje en el que se indica que empresas multinacionales habrían aportado dinero a la campaña de Rafael Correa en 2013. 

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