Correos muestran influencia de Pamela Martínez

Uno de los mails menciona el pedido de un cargo público para Patricio Pazmiño.

  • Uno de los mails menciona el pedido de un cargo público para Patricio Pazmiño. Foto: Archivo API
18 Junio, 2019, 7:23 pm
Por: Televistazo 
En los correos electrónicos intercambiados por Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, que está en prisión por la trama de 'Arroz verde', aparecen temas como la gestión de cargos públicos para familiares del entonces presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, e información sobre jueces y tribunales.
 
En 2012, el expresidente Rafael Correa nombró a Pamela Martínez como delegada para la comisión que eligió a la primera Corte Constitucional. Ella fue nombrada presidenta y dirigió el proceso que terminó con la elección de nueve magistrados, con Patricio Pazmiño a la cabeza.
 
 
Luego Martínez volvió a trabajar al despacho de Correa, pero, al parecer, no se desligó de la Corte. Al menos, eso muestran los correos electrónicos entregados por el portal La Fuente que ahora forman parte del expediente fiscal del caso 'Arroz verde', por el que Martínez y su exasistente Laura Terán están en prisión.
 
En uno de ellos, del 3 de abril de 2013, Terán envía un mensaje a Pamela Martínez.
 
“Estimada doctora:
 
Informo a usted las llamadas y novedades:
 
2. El Dr. Francisco Boloña informa que la sala ya está conformada por la Dra. Wendy Molina, Dr. Manuel Viteri y Dr. Patricio Pazmiño”.
 
Tres de los jueces elegidos bajo el proceso que ella dirigió.
 
 
El correo continúa:
 
“3. Paulina Proaño solicita que las facturas pendientes sean cubiertas lo más pronto posible, que es una disposición”. 
 
Paulina Proaño fue tesorera de Alianza PAIS y al momento la Fiscalía la convocó para que rinda versión sobre los supuestos pagos ilegales a las campañas electorales del correísmo. 
 
En el cuarto punto, Terán le indica a Martínez:
 
“4. El Sr. Patricio Pazmiño insiste en el cargo para el hermano en el Ministerio de Educación a pesar de que en cada llamada le he explicado que usted le consultará en despacho al SP”.
 
Dos años después, en 2015, Martinez y Pazmiño pasaron a ser compañeros en la Corte Constitucional, pues ella fue nombrada magistrada. Después Pazmiño renunció para cumplir sus funciones como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cargo que consiguió por auspicio del Gobierno de Rafael Correa, con votos que luego fueron cuestionados. 
 
 
La colaboración de la exasesora jurídica de Rafael Correa, así como el cuaderno, de 38 hojas, encontrado en su departamento, con notas que señalan a su exjefe y al exvicepresidente Jorge Glas, son claves en el caso. 
 
La Corte Provincial de Pichincha negó el miércoles 29 de mayo de 2019 los recursos de apelación presentados por la defensa de Pamela Martínez y Laura Terán, y ratificaron la prisión preventiva dentro del caso 'Arroz verde'.
 
Ellas son investigadas por presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias debido a que existirían irregulares aportaciones a las campañas correístas electorales de 2013 y 2014, por parte de empresas vinculadas contractualmente con el Estado (entre ellas Odebrecht), a través de un intrincado proceso de pagos en efectivo y cruce de facturas, según explicó en un boletín la Fiscalía. 
En los correos electrónicos intercambiados por Pamela Martínez, exasesora de Rafael Correa, que está en prisión por la trama de 'Arroz verde', aparecen temas como la gestión de cargos públicos para familiares del entonces presidente de la Corte Constitucional, Patricio Pazmiño, e información sobre jueces y tribunales.
 
En 2012, el expresidente Rafael Correa nombró a Pamela Martínez como delegada para la comisión que eligió a la primera Corte Constitucional. Ella fue nombrada presidenta y dirigió el proceso que terminó con la elección de nueve magistrados, con Patricio Pazmiño a la cabeza.
 
 
Luego Martínez volvió a trabajar al despacho de Correa, pero, al parecer, no se desligó de la Corte. Al menos, eso muestran los correos electrónicos entregados por el portal La Fuente que ahora forman parte del expediente fiscal del caso 'Arroz verde', por el que Martínez y su exasistente Laura Terán están en prisión.
 
En uno de ellos, del 3 de abril de 2013, Terán envía un mensaje a Pamela Martínez.
 
“Estimada doctora:
 
Informo a usted las llamadas y novedades:
 
2. El Dr. Francisco Boloña informa que la sala ya está conformada por la Dra. Wendy Molina, Dr. Manuel Viteri y Dr. Patricio Pazmiño”.
 
Tres de los jueces elegidos bajo el proceso que ella dirigió.
 
 
El correo continúa:
 
“3. Paulina Proaño solicita que las facturas pendientes sean cubiertas lo más pronto posible, que es una disposición”. 
 
Paulina Proaño fue tesorera de Alianza PAIS y al momento la Fiscalía la convocó para que rinda versión sobre los supuestos pagos ilegales a las campañas electorales del correísmo. 
 
En el cuarto punto, Terán le indica a Martínez:
 
“4. El Sr. Patricio Pazmiño insiste en el cargo para el hermano en el Ministerio de Educación a pesar de que en cada llamada le he explicado que usted le consultará en despacho al SP”.
 
Dos años después, en 2015, Martinez y Pazmiño pasaron a ser compañeros en la Corte Constitucional, pues ella fue nombrada magistrada. Después Pazmiño renunció para cumplir sus funciones como juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cargo que consiguió por auspicio del Gobierno de Rafael Correa, con votos que luego fueron cuestionados. 
 
 
La colaboración de la exasesora jurídica de Rafael Correa, así como el cuaderno, de 38 hojas, encontrado en su departamento, con notas que señalan a su exjefe y al exvicepresidente Jorge Glas, son claves en el caso. 
 
La Corte Provincial de Pichincha negó el miércoles 29 de mayo de 2019 los recursos de apelación presentados por la defensa de Pamela Martínez y Laura Terán, y ratificaron la prisión preventiva dentro del caso 'Arroz verde'.
 
Ellas son investigadas por presunto cohecho, asociación ilícita y tráfico de influencias debido a que existirían irregulares aportaciones a las campañas correístas electorales de 2013 y 2014, por parte de empresas vinculadas contractualmente con el Estado (entre ellas Odebrecht), a través de un intrincado proceso de pagos en efectivo y cruce de facturas, según explicó en un boletín la Fiscalía. 
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