Dictan prisión preventiva para Mera y prohibición de salida a Duarte

Ambos exfuncionarios correístas son investigados por supuesta concusión, según Fiscalía.

Ambos exfuncionarios correístas son investigados por supuesta concusión, según Fiscalía. Foto: API
1 Junio, 2019, 7:28 am
Por: Redacción 
Durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la madrugada del sábado 1 de junio de 2019 en la Corte Nacional de Justicia, la jueza Daniella Camacho dictó prisión preventiva para Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, y prohibición de salida del país para María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte del anterior régimen. 
 
Los exfuncionarios del régimen anterior fueron detenidos la mañana del viernes 31 de mayo de 2019 en Guayaquil para investigaciones dentro de un caso de concusión, informó la Fiscalía.
 
 
La jueza dispuso la incautación y prohibición de enajenar bienes por un valor de USD 3.5 millones para Alexis Mera y de USD 2.5 millones para María de los Ángeles Duarte. 
 
La exministra Duarte también debe presentarse periódicamente ante la jueza y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. 
 
 
Según la fiscal general Diana Salazar, entre 2012 y 2016, Mera y Duarte “abusando de sus cargos públicos, a través de Pamela Martínez, exigían dinero a personas jurídicas, como la empresa brasileña Odebrecht, para obtener contratos futuros con el Estado y para su retorno al país”.
 
Martínez y su asesora Laura Terán, ambas excolaboradoras de Rafael Correa están en prisión preventiva dentro del caso ‘Arroz verde’.
 
Consta, según precisa la Fiscalía en un boletín, la versión de Martínez, procesada por presunta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, que indica que recibió disposición del expresidente de la República, Rafael Correa, y del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, de entregar dinero a Duarte, quien era directora provincial del movimiento político Alianza PAIS en Guayas.
 
La versión dada a la Fiscalía por parte de la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez y el cuaderno encontrado en el despacho que ella usó cuando fue jueza de la Corte Constitucional sirvió para vincular a Mera y Duarte.
 
La Fiscalía General usó esto como elementos de convicción para formular cargos contra los exfuncionarios durante la madrugada del 1 de junio de 2019.
 
En su versión, Martínez cuenta que Mera le habría solicitado dinero por “pagos urgentes” y que cuando pidió hablar con Rafael Correa para contarle, él le pidió que hable con el exvicepresidente Glas y le cuente que Mera le pidió dinero. De acuerdo con su versión, unos sobres llegaron para Mera, a través de Gerardo Pereira de Souza y que luego supo que era de la constructora Odebrecht.
 
En cuanto a Duarte, en el cuaderno de Martínez se señala que “VP dispone el registro de gastos de campaña (de los tres mencionados anteriormente)... VP dispone recibir al ingeniero Pedro Verduga... Yamil Massuh en nombre de María Duarte”.
 
En su versión, Martínez contó que Correa le ordenó, en el 2013, un registro paralelo de los reportes de gastos de campaña de Alianza PAIS por dudas en la gestión de Ricardo Patiño y que la directora en Guayas, María Duarte, tenía unos sobres para ser retirados por su asesor Yamil Massuh.
 
 
 
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación tras un reportaje en el que se indica que empresas multinacionales, según esa publicación periodística, habrían aportado dinero a la campaña de Rafael Correa, ahora expresidente de la República, en 2013.
 
La concusión se configura cuando un servidor público o una persona que actúa en virtud de una potestad estatal ordena o exige la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, y conlleva una sanción de tres a cinco años de privación de libertad, salvo si dicha conducta se realiza mediante violencia o amenazas, en cuyo caso la pena puede incrementarse a un periodo de cinco a siete años.
 
Durante la audiencia de formulación de cargos, desarrollada la madrugada del sábado 1 de junio de 2019 en la Corte Nacional de Justicia, la jueza Daniella Camacho dictó prisión preventiva para Alexis Mera, exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, y prohibición de salida del país para María de los Ángeles Duarte, exministra de Transporte del anterior régimen. 
 
Los exfuncionarios del régimen anterior fueron detenidos la mañana del viernes 31 de mayo de 2019 en Guayaquil para investigaciones dentro de un caso de concusión, informó la Fiscalía.
 
 
La jueza dispuso la incautación y prohibición de enajenar bienes por un valor de USD 3.5 millones para Alexis Mera y de USD 2.5 millones para María de los Ángeles Duarte. 
 
La exministra Duarte también debe presentarse periódicamente ante la jueza y el uso del dispositivo de vigilancia electrónica. 
 
 
Según la fiscal general Diana Salazar, entre 2012 y 2016, Mera y Duarte “abusando de sus cargos públicos, a través de Pamela Martínez, exigían dinero a personas jurídicas, como la empresa brasileña Odebrecht, para obtener contratos futuros con el Estado y para su retorno al país”.
 
Martínez y su asesora Laura Terán, ambas excolaboradoras de Rafael Correa están en prisión preventiva dentro del caso ‘Arroz verde’.
 
Consta, según precisa la Fiscalía en un boletín, la versión de Martínez, procesada por presunta asociación ilícita, cohecho y tráfico de influencias, que indica que recibió disposición del expresidente de la República, Rafael Correa, y del exvicepresidente de la República, Jorge Glas, de entregar dinero a Duarte, quien era directora provincial del movimiento político Alianza PAIS en Guayas.
 
La versión dada a la Fiscalía por parte de la exasesora de Rafael Correa, Pamela Martínez y el cuaderno encontrado en el despacho que ella usó cuando fue jueza de la Corte Constitucional sirvió para vincular a Mera y Duarte.
 
La Fiscalía General usó esto como elementos de convicción para formular cargos contra los exfuncionarios durante la madrugada del 1 de junio de 2019.
 
En su versión, Martínez cuenta que Mera le habría solicitado dinero por “pagos urgentes” y que cuando pidió hablar con Rafael Correa para contarle, él le pidió que hable con el exvicepresidente Glas y le cuente que Mera le pidió dinero. De acuerdo con su versión, unos sobres llegaron para Mera, a través de Gerardo Pereira de Souza y que luego supo que era de la constructora Odebrecht.
 
En cuanto a Duarte, en el cuaderno de Martínez se señala que “VP dispone el registro de gastos de campaña (de los tres mencionados anteriormente)... VP dispone recibir al ingeniero Pedro Verduga... Yamil Massuh en nombre de María Duarte”.
 
En su versión, Martínez contó que Correa le ordenó, en el 2013, un registro paralelo de los reportes de gastos de campaña de Alianza PAIS por dudas en la gestión de Ricardo Patiño y que la directora en Guayas, María Duarte, tenía unos sobres para ser retirados por su asesor Yamil Massuh.
 
 
 
La Fiscalía General del Estado abrió una investigación tras un reportaje en el que se indica que empresas multinacionales, según esa publicación periodística, habrían aportado dinero a la campaña de Rafael Correa, ahora expresidente de la República, en 2013.
 
La concusión se configura cuando un servidor público o una persona que actúa en virtud de una potestad estatal ordena o exige la entrega de derechos, cuotas, contribuciones, rentas, intereses, sueldos o gratificaciones no debidas, y conlleva una sanción de tres a cinco años de privación de libertad, salvo si dicha conducta se realiza mediante violencia o amenazas, en cuyo caso la pena puede incrementarse a un periodo de cinco a siete años.