Ley de Comunicación se aprobó con 22 objeciones del Ejecutivo

Con una hora de retraso comenzó la sesión de cuatro horas en la que los asambleístas analizaron la objeción parcial a las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Uno de los temas que concentró gran parte del debate fue cómo quedaba la producción audiovisual, tras el veto.

El artículo 98 de la Ley de Comunicación establece que la publicidad nacional "deberá ser producida por personas naturales o jurídicas ecuatorianas, cuya titularidad de la mayoría del paquete accionario corresponda a personas ecuatorianas o extranjeros radicados legalmente en el Ecuador, y cuya nómina para su realización y producción la constituyan al menos un 80% de personas de nacionalidad ecuatoriana o extranjeros legalmente radicados en el país". Además, "que se prohíbe la importación de piezas publicitarias producidas fuera del país por empresas extranjeras".

Este y el artículo 86, que se refiere al fortalecimiento de los medios comunitarios, fueron votados junto con otros dos artículos, logrando la ratificación con 109 votos afirmativos de 115 asambleístas.

En tanto, con 75 votos a favor (de 113 legisladores presentes), el pleno acogió 22 de 26 observaciones del Ejecutivo. El proyecto será remitido al Registro Oficial para su publicación. 

Con 75 votos afirmativos, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el 18 de diciembre de 2018 el paquete de reformas a la LOC, que incluía, entre otros puntos, la eliminación de la Superintendencia de Comunicación (Supercom) y del linchamiento mediático.

El 18 de enero de 2019, el Ejecutivo envió el veto parcial con 26 objeciones. En ese entonces, el secretario general de Comunicación, Andrés Michelena, confirmó el veto a la transitoria 8 sobre renovación de frecuencias. "La Asamblea envió la transitoria 8 la cual se establecía una adjudicación directa, eso violenta los procesos constitucionales interno y viola los tratados internacionales. La Constitución nos dice que deben ser procesos abiertos, concursos competitivos y públicos para la adjudicación de servicios".

El informe pasó de la Comisión de Derechos Colectivos al pleno de la Asamblea sin dos firmas: las de los asambleístas Marcela Holguín y Patricio Donoso.