Paro nacional en Ecuador: los familiares de detenidos en el paro salieron a reclamar por su libertad
Familiares y compañeros de los 12 indígenas detenidos el 22 de septiembre en Otavalo, provincia de Imbabura, durante las protestas por el alza del precio del diésel, exigieron este 30 de septiembre su libertad. Aunque fueron imputados por terrorismo, sus allegados aseguran que fueron reprimidos por reclamar sus derechos.
"Solicitamos su inmediata libertad porque fue una lucha con derecho. Nosotros somos artesanos, somos comerciantes, somos artistas. Nosotros no somos terroristas", señaló durante una comparecencia en una comisión de la Asamblea Nacional (Parlamento) Soledad Perugachi, madre de uno de Los 12 de Otavalo, como se conoce a los indígenas que cumplen prisión preventiva en una cárcel de la costa del país.
Los manifestantes fueron detenidos la semana pasada, después de que se registrara un ataque a un cuartel policial en Otavalo que terminó con el incendio de 10 vehículos y daños en la infraestructura del destacamento.
La Fiscalía los procesó por su presunta participación en ese hecho, aunque Raphael Banda, abogado de detenidos, dijo a medios locales que los indígenas fueron capturados horas después y en lugares alejados al cuartel policial.
"Hemos sido maltratados"
"Los pueblos indígenas acogidos al derecho a la resistencia hemos buscado la forma de hacernos escuchar de la inconformidad sobre el decreto que lanzó el Gobierno (de eliminación del subsidio al diésel). Y por eso hemos salido para decir que no estamos de acuerdo, pero hemos sido maltratados", añadió Blanca Chancoso, lideresa indígena de Otavalo.
Denunció que los militares han entrado en la noche a sus pueblos "con tanquetas" y que han violentado a sus comunidades.
"El que falleció, ahí está el video, claramente (se ve) cómo le patean, se bajan de esa tanqueta para patearle al que estaba, incluso auxiliando a su pariente, le patean una y otra vez. Ha sido un dolor, un daño psicológico", dijo Chancoso en referencia a un video que registra el momento en soldados los golpean en una de las manifestaciones más violentas registradas en Cotacachi.
"Eran tanquetas con disparos y por la noche asaltando. ¿A quiénes les llaman terroristas? ¿Qué hacen los terroristas? Comparemos entre lo que se ha hecho como pueblos indígenas y lo que vienen a hacer (ellos)", añadió.
Jaime Muenala, otro de los representantes que llegó hasta el Legislativo, abogó por su hermano Alfredo Padilla, quien, dijo, tiene una discapacidad, que fue lo que le impidió correr ese día que fue detenido.
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"Simplemente en las calles reclamamos derechos. Obstaculizamos las vías, pero solo eso y (ellos) vienen con gases y con balas", mencionó, aunque en vídeos se aprecia que gente -infiltrada, según el Gobierno-, lanza piedras y pirotecnia contra los militares.
Juicio político a los ministros
Marlon Vargas, presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), reiteró en la comisión legislativa que no "declinarán en la lucha" que han emprendido para que el presidente Daniel Noboa dé marcha atrás en su decisión de eliminar el subsidio al diésel.
Y también pidió que se inicie un juicio político en contra del ministro de Interior, John Reimberg, y de Defensa, Gian Carlo Loffredo, para que "respondan ante la Constitución y la ley y los tratados internacionales".
Mariana Yumbay, asambleísta de Pachakutik, el brazo político de la Conaie, dijo que el alza del diésel lo único que hace es "profundizar la pobreza, la exclusión y la desigualdad".
"Por eso es que el pueblo ha salido a las calles. No somos terroristas, somos luchadores de toda la vida", insistió, mientras el Gobierno asevera que al quitar el subsidio afectaron a las economías criminales (contrabando, narcotráfico, minería ilegal), y que ahora el Estado entregará recursos directamente a los más vulnerables.
Por su parte, la asambleísta correísta (oposición) Paola Cabezas pidió a la comisión que se convoque a organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch para "denunciar" lo que está pasando en el país.
Tras escuchar a varios representantes de las familias y líderes indígenas, la comisión legislativa decidió iniciar una fiscalización a los presuntos abusos y vulneraciones de derechos humanos cometidos en las manifestaciones sociales.