Los militares de EE. UU. no tienen toda la autonomía para operar en Ecuador, como cuando funcionaba la Base de Manta
Diferentes condiciones y tiempos han marcado la cooperación militar de Estados Unidos al Ecuador en la lucha contra el narcotráfico. La más importante ocurrió entre 1999 y 2009 con el puesto de avanzada FOL de Manta, en la Base Aérea Eloy Alfaro.
Durante una década, Estados Unidos operó con personal propio, base, logística, infraestructura, aeronaves, en misiones de vigilancia en territorio ecuatoriano contra el narcotráfico.
Esas operaciones fueron autónomas; es decir, no requerían autorización o consentimiento del estado para que los aviones radar ejecuten vuelos de exploración aeromarítima.
Con la vigencia de la constitución de Montecristi, Estados Unidos salió de la Base Eloy Alfaro de Manta. 11 años después, en 2020, el gobierno de Lenín Moreno retomó la cooperación con Estados Unidos, pero en condiciones diferentes.
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Sin base permanente, sin autonomía, y subordinados a las autoridades del estado ecuatoriano.
Así se autorizó vuelos ocasionales del Avión Orión P3 de Estados Unidos desde Guayaquil y Galápagos para el intercambio de información de inteligencia, pero las operaciones de interdicción bajo exclusiva responsabilidad operativa de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas.
La cooperación con Estados Unidos se amplió en mayo de 2023 con tres acuerdos adicionales firmados en el gobierno de Guillermo Lasso. De interdicción aérea con la FAE para asistencia que permita rastrear e interceptar aeronaves involucradas en narcotráfico.
El estatuto de las fuerzas, tras el dictamen favorable de la Corte Constitucional, que regula la presencia temporal de personal militar, administrativo y contratistas estadounidenses en Ecuador, que incluye inmunidad.
Y el de interdicción marítima con la Armada, para interceptación, abordaje e inspección de embarcaciones sospechosas en alta mar contra el narcotráfico, pesca ilegal, tráfico de migrantes y armas.
Ecuador carece de aviones y barcos para interdicciones
El periodista de investigación Arturo Torres y el excomandante general del ejército Luis Altamirano coinciden en que las anunciadas operaciones militares de Ecuador y Estados Unidos para frenar el envío de droga tendrán limitaciones.
Una de ellas es logística. Los acuerdos militares permiten que personal de Estados Unidos identifique naves y aeronaves con posibles cargamentos de droga en el mar ecuatoriano, pero son las Fuerzas Armadas nacionales las encargadas de interceptarlos y llevarlos a puerto.
Ecuador tiene operativos apenas tres de 12 aviones supertucano para interdicciones. La flota de aviones supersónicos no es operativa y tampoco tiene barcos necesarios para interceptar lanchas rápidas en un mar que es casi el doble del territorio continental. Arturo Torres, periodista de investigación, dijo:
“Pero siempre encuentran nuevos métodos, nuevas formas para precisamente llegar con la cocaína en semisumergibles mucho más sofisticados”.
Según Altamirano, se requiere mejorar el control de puertos.
"El 70 - 80 % de la droga que sale del país no sale por altamar en término de estas lanchar rápidas o embarcaciones, sino se lo hace a través de containers, es decir, con la contaminación de la carga".
La presencia de los militares estadounidenses tampoco ataca otros problemas. Por ejemplo, el paso del 70 % de la droga a través de la frontera terrestre con Colombia.
El Excomandante del Ejército apunta a otros temas que van más allá de las capacidades militares extranjeras.
"El principal de ellos está ligado con las actividades y los flujos financieros ilícitos, ahí muy poco podemos hacer".
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Ambos creen que parte de la salida a largo plazo es el fortalecimiento de las instituciones y acciones coordinadas que permitan combatir realmente al narcotráfico y que en eso, Ecuador no tiene una estrategia ni acciones definidas.