Un exjuez de Guayas que concedió indulto irregular a un preso fue sentenciado por prevaricato
Un exjuez de Guayas fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión tras ser declarado culpable por conceder, de manera irregular, un indulto a un preso que cumplía una pena por el delito de delincuencia organizada.
La Fiscalía explicó en un comunicado que el ahora exjuez, identificado como Patricio V., concedió en enero de este año un indulto a Miguel Ángel L., pese a que el preso no cumplía con los requisitos expuestos en un decreto ejecutivo firmado en 2021 por el entonces presidente Guillermo Lasso (2021-2023), que fue emitido con el objetivo de reducir el hacinamiento de las cárceles.
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El preso no cumplía con requisitos de indulto
Durante la audiencia, la fiscal provincial de Pichincha, Mayra Soria, explicó que el decreto 265 emitido por Lasso "buscaba beneficiar a privados de la libertad que padecían de enfermedades catastróficas o terminales, pero con ciertas exclusiones".
Entre esas exclusiones constaba que el solicitante del indulto no hubiera sido condenado por determinados delitos, como el de delincuencia organizada, que no tuviese otros procesos pendientes y que su sentencia debía estar ejecutoriada.
Sin embargo, el entonces juez, que laboraba en un juzgado de Guayaquil, "falló contra la ley expresa al ejecutar el indulto, pues Miguel Ángel L. no tenía sentencia ejecutoriada y había sido condenado dentro de un proceso de delincuencia organizada, en el que esperaba la sustanciación del recurso de apelación", señaló la Fiscalía.
La fiscal Soria señaló que el juez ya había negado en diciembre de 2024 el indulto al preso, pero "debido a la insistencia del sentenciado, el 15 de enero de 2025 lo concedió, fallando contra una disposición expresa".
Exjuez reconoció su error
El exmagistrado reconoció que cometió el delito de prevaricato y se acogió a un procedimiento abreviado, por lo que accedió a una reducción de la sentencia tras aceptar su culpabilidad.
También se le impuso una multa de USD 5 640 y el pago de una reparación integral de USD 12 000 a favor del Consejo de la Judicatura, que figura como víctima dentro del proceso judicial.
También deberá grabar un video, que será difundido en la página web de esa institución, "en el que explique las consecuencias jurídicas de sus acciones, tomando como ejemplo su propio caso", señaló la Fiscalía.
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